Operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal se ejecutan en el cantón Sígsig, provincia del Azuay, como parte de una estrategia de apoyo a otras instituciones del Estado para enfrentar esta actividad ilícita. Las acciones son desarrolladas por personal del Ejército Ecuatoriano desde el 19 de enero, en sectores considerados estratégicos por su incidencia minera, con el objetivo de neutralizar estructuras ilegales.
Desde ese día, las Fuerzas Armadas han destruido 26 campamentos irregulares de minería ilegal y se busca recuperar el control territorial y reducir el impacto ambiental y económico generado por esta actividad. Las intervenciones se concentran en los sectores de Culebrillas, Infiernillos, Ayllón, Santa Bárbara, Gallos, Llapyn y Ventanillas. Allí se ha identificado la presencia de campamentos, maquinaria pesada y sistemas logísticos utilizados para la extracción ilegal de recursos minerales.
Minería ilegal afecta al Estado ecuatoriano
Según información oficial, los operativos se ejecutan de forma permanente en coordinación con otras entidades estatales responsables del control y la seguridad. Para el cumplimiento de la misión contra la minería ilegal, se desplegaron más de 1.000 efectivos militares, quienes cubrieron un área aproximada de 34 kilómetros cuadrados. El personal ejecutó patrullajes terrestres y aéreos en zonas de difícil acceso, considerados puntos críticos para la minería ilegal.
Estas acciones permitieron ejercer control territorial, limitar la movilidad de los grupos que se dedican a la minería ilegal y afectar directamente sus cadenas operativas y logísticas. Como resultado de las operaciones militares realizadas desde el inicio de la intervención, se logró el decomiso y la destrucción de una importante cantidad de material utilizado en actividades ilícitas.
Todo lo incautado es destruido por los militares
Entre lo incautado constan 26 campamentos ilegales, tres puestos de vigilancia, ocho retroexcavadoras y 14 dragas empleadas para la extracción minera. Además, se encontraron 21 cargas explosivas, 21 mechas lentas, 60 metros de cordón detonante y 17 cápsulas de emulsión. El balance operativo incluye también el decomiso de 23 generadores de energía, 1.125 galones de combustible, una antena satelital y un panel solar.
De acuerdo con las autoridades, estas incautaciones representan una afectación económica aproximada de dos millones de dólares para las estructuras dedicadas a la minería ilegal. La destrucción del material decomisado se realizó con equipo especializado, conforme a los protocolos y disposiciones legales vigentes. Las Fuerzas Armadas informaron que las operaciones continuarán de manera sostenida, como parte del esfuerzo estatal para combatir la minería ilegal.