Los daños que sufre la obra pública, principalmente, y las secuelas que dejan las lluvias en la infraestructura, suelen ser, en gran parte, consecuencia de trabajos mal hechos o de la escasa planificación.
En Manabí, la temporada lluviosa no ha aparecido con la fuerza de otros años; sin embargo, ya comenzó a dejar secuelas en la población.
Una parte de la responsabilidad la tienen los municipios, que son los llamados a controlar y autorizar las obras que se ejecutan en sus territorios.
Una vivienda en zona de riesgo, por ejemplo, podría terminar cediendo en caso de deslizamientos o de salida de quebradas. Una carretera con drenaje insuficiente o mal construido, sufrirá daños a los pocos meses.
Lo peor es que casi siempre los daños que se presentan acarrean otras afectaciones.
Suele decirse que el mejor fiscalizador de las obras es el invierno, a lo que podría agregarse que es, también, el delator de la planificación ineficaz y, en muchos casos, de la corrupción.
Bien haría la Contraloría en mirar con atención los daños en obras públicas de reciente construcción, que se atribuyen a la fuerza de las lluvias cuando la realidad es que se deben a un inadecuado diseño o una incorrecta ejecución. Sin dudas, habría muchos señalamientos que hacer.
