La preservación del bloque 43 en el Yasuní sigue enfrentando obstáculos , más de dos años después de que la ciudadanía ecuatoriana votara por mantener el crudo bajo tierra. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ( CPCCS ), en su sesión ordinaria del pasado 5 de noviembre de 2025, validó por unanimidad los informes presentados por la veeduría ciudadana encargada de vigilar este proceso. Las conclusiones son contundentes: persisten incumplimientos sustanciales tanto del mandato popular como del dictamen de la Corte Constitucional.
Hallazgos críticos de la veeduría
El documento final, ahora respaldado oficialmente por el CPCCS , detalla una serie de falencias graves que vulneran la voluntad expresada en las urnas el 20 de agosto de 2023, así como los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, incluyendo a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV). Entre las observaciones más alarmantes destacadas por el colectivo YASunidos , impulsor de este seguimiento, se encuentran:
- Falta de planificación: No existe un Plan oficial de Cierre y Abandono para el Bloque 43–ITT que cuente con un cronograma verificable, metas claras y garantías financieras.
- Continuidad extractiva: La actividad petrolera se ha prolongado más allá del año límite establecido por la Corte, registrándose nuevas intervenciones y pasivos ambientales sin remediar.
- Opacidad informativa: Se detectaron inconsistencias y trabas en el acceso a la información sobre pozos, convenios comunitarios, ejecución presupuestaria y pasivos ambientales.
- Debilidad institucional: Ministerios clave como el de Ambiente, y el de la Mujer y Derechos Humanos, junto a la Defensoría del Pueblo, no han ejercido un rol garante efectivo para proteger a las comunidades y a los PIAV.
YASunidos denunció en un comunicado que "el gobierno de Daniel Noboa ha optado por desconocer en la práctica el mandato popular... postergando indefinidamente el cierre y la remediación integral del Yasuní".
Hoja de ruta ordenada por el CPCCS
Ante este panorama, el CPCCS no solo acogió el informe, sino que dispuso obligaciones específicas a ocho instituciones del Estado para encauzar el cumplimiento de la consulta:
- Corte Constitucional: Deberá pronunciarse públicamente sobre el incumplimiento, abrir una fase de seguimiento con audiencias inclusivas y tomar medidas para hacer valer su sentencia.
- Petroecuador: Se le ordena presentar un plan de cierre con cronograma y presupuesto, transparentar toda la información relevante y cesar la extracción de crudo.
- Ministerio de Energía: Deberá liderar la coordinación interinstitucional para el abandono definitivo del bloque, con participación de la NAWE y comunidades.
- Ministerio del Ambiente: Su tarea será reconocer pasivos ambientales, garantizar auditorías independientes y monitorear públicamente el proceso de cierre.
- Ministerio de la Mujer y Defensoría del Pueblo: Se les exhorta a activar acciones reales de protección y vigilancia de derechos humanos y colectivos.
- Asamblea Nacional y Contraloría: Deberán activar mecanismos de fiscalización y auditoría sobre el proceso, contemplando posibles sanciones por incumplimiento.
Esta resolución del CPCCS marca un nuevo hito en la lucha de colectivos sociales y nacionalidades indígenas, quienes continúan reclamando al Estado ecuatoriano el respeto irrestricto a la decisión soberana tomada en las urnas.
