Yolanda Mero, madre de cuatro hijos y residente en Jaramijó, Ecuador, lleva más de un año sin contacto con Cristhian, su hijo menor, detenido en El Salvador. Su otro hijo, Junior, cumple prisión preventiva en Colombia desde hace quince meses. Ambos casos reflejan el impacto de la crisis económica y la falta de oportunidades laborales en zonas costeras del país.
Una familia dividida por la migración y la falta de empleo
Cristhian, el menor de los cuatro hijos de Yolanda, fue detenido en El Salvador hace más de un año. Desde entonces, la familia no ha podido hablar con él. Solo una carta ha llegado, escrita desde el centro de detención donde permanece. En ella, según su madre, asegura estar bien y pide ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas en prisión.
“Desde que cayó nunca nos hemos comunicado. Solo una carta mandó”, lamenta Yolanda, quien vive actualmente en Jaramijó y ayuda con el cuidado de los dos hijos pequeños de Cristhian, de 8 y 4 años. Su nuera atraviesa problemas de salud graves, tras una complicación durante un parto en el que el bebé falleció.
Además del caso de Cristhian, Yolanda también enfrenta la detención de su hijo mayor, Junior, en Colombia, quien lleva un año y cinco meses privado de libertad sin sentencia firme. “Estamos esperando que Dios quiera que salga libre”, dice con resignación.
La salud de la familia, otra preocupación
La esposa de Cristhian estuvo en coma luego del parto fallido. Los médicos diagnosticaron una enfermedad que, según relataron, afecta múltiples órganos sin síntomas evidentes. Actualmente, sufre complicaciones renales que la mantienen en cama. Yolanda ha debido hacerse cargo de sus nietos mientras la madre se recupera lentamente.
La situación económica es precaria. Yolanda afirma que logra enviar dinero a su hijo preso en El Salvador gracias a pequeñas actividades de venta que realiza en su comunidad. “Le envío 100 o 150 dólares cuando puedo”, asegura.
Los niños continúan sus estudios con ayuda de otros familiares. La falta de recursos ha obligado a la familia a depender de apoyos esporádicos para cubrir gastos básicos como alimentación, útiles escolares y transporte.
“No hay trabajo, por eso se van”
Yolanda atribuye el involucramiento de sus hijos en actividades ilegales a la falta de empleo en las zonas pesqueras de Manabí. Asegura que muchos jóvenes terminan vinculados al narcotráfico como una forma desesperada de sostener a sus familias.
“Los pescadores ya no pueden salir, les roban sus motores. Salen a pescar y se los quitan. Entonces, ¿cómo hacen para alimentar a sus hijos?”, se pregunta. Enfatiza que la mayoría lo hace por necesidad, no por decisión delictiva.
Según testimonios locales, la vigilancia naval aumenta ante sospechas de tráfico, pero no hay protección efectiva para los pescadores legítimos. La percepción generalizada es que los esfuerzos estatales no cubren a las comunidades costeras con equidad.
Llamado al presidente y a las autoridades
Ante la falta de contacto con sus hijos, Yolanda pide al Gobierno Nacional que permita algún canal de comunicación con los detenidos en el extranjero. “Aunque sea una vez al mes, saber que están bien”, solicita. También pide atención para las condiciones carcelarias en Ecuador, por si alguna extradición se llegara a concretar.
Finalmente, solicita al presidente que atienda las causas estructurales que empujan a los jóvenes a migrar en condiciones riesgosas: la falta de trabajo, el abandono de la actividad pesquera y el deterioro de la seguridad rural.
El caso de Yolanda no es aislado. En los últimos años, decenas de ecuatorianos han sido detenidos en países como El Salvador, México y Colombia, señalados por su presunta participación en redes de narcotráfico marítimo. Muchos proceden de zonas empobrecidas de Manabí y Esmeraldas, donde el acceso al empleo formal es limitado y las actividades ilegales se convierten en opción de supervivencia.
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