El 29 de enero de 2026, en Riobamba (provincia de Chimborazo, Ecuador), un juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para Bolívar Edmundo F. U., profesor universitario acusado de abuso sexual contra una estudiante de 19 años.
Los hechos denunciados ocurrieron la noche del 21 de febrero de 2024 dentro del vehículo del procesado, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos y la besó en la boca mientras conversaban sobre la mejora de una nota académica.
La investigación, iniciada en febrero de 2024 tras la denuncia de la víctima, se sustenta en múltiples elementos de convicción presentados por el Fiscal de la Unidad de Violencia de Género No. 2. Las medidas incluyen prohibición de salida del país, presentación periódica ante autoridad competente y disposiciones de protección inmediata a favor de la afectada. La instrucción fiscal durará noventa días.
Formulación de cargos
En la audiencia desarrollada el 29 de enero de 2026, el fiscal detalló que la denuncia se presentó en febrero de 2024 contra el docente de Química II de una institución de educación superior en Riobamba. Según la versión de la víctima, el incidente tuvo lugar en el interior del automóvil del procesado, en un contexto de discusión académica sobre calificaciones.
La Fiscalía sustentó la imputación con varios indicios. Testimonio anticipado de la afectada, actas de pericias e informe de reconocimiento del lugar de los hechos, evaluación psicológica de la víctima. Además, de la versión de la madre de la joven, acción de personal del procesado (antecedentes laborales y académicos). Estos elementos permitieron al juez considerar suficiente prueba para formular cargos por abuso sexual, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin que se dispusiera prisión preventiva.
Medidas de protección
Adicionalmente, se ordenaron medidas de protección a favor de la víctima, orientadas a garantizar su seguridad, integridad y evitar contacto o acercamiento por parte del procesado. Estas disposiciones responden al protocolo de atención en casos de abuso y se enmarcan en la normativa ecuatoriana para delitos contra la integridad sexual.
El caso se inscribe en un patrón de denuncias por abuso sexual en entornos universitarios en Ecuador, donde la asimetría de poder entre docentes y estudiantes puede facilitar conductas abusivas. En Chimborazo y otras provincias andinas, la Fiscalía ha procesado varios casos similares en años recientes, con énfasis en la protección inmediata de víctimas y la celeridad investigativa.
Investigación
Aunque no se revelan detalles de la institución involucrada por respeto al debido proceso y privacidad, el Ministerio Público mantiene que la investigación avanza con rigor, preservando la presunción de inocencia del procesado hasta sentencia ejecutoriada.
La duración de la instrucción fiscal —90 días— permitirá recopilar más pruebas, incluyendo posibles pericias adicionales o testimonios complementarios.La decisión judicial refleja el balance entre el riesgo procesal y los derechos del imputado, en línea con precedentes en unidades especializadas de violencia contra la mujer. (27)
