El rechazo político se activó de inmediato tras el allanamiento ejecutada por la Fiscalía que involucró a la expresidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González y otras figuras de la tienda política en el caso 'Caja Chica'. Militantes y líderes del movimiento cuestionaron el procedimiento y denunciaron un uso político del sistema judicial en un contexto marcado por tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.
El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en pronunciarse. Criticó que la indagación parta de una denuncia con reserva de identidad y advirtió que él mismo figura entre las personas bajo análisis. En mensajes públicos sostuvo que el proceso carece de sustento y responde a una estrategia de persecución contra su organización política.
A estas expresiones se sumaron respaldos de otros actores del correísmo que apuntaron directamente a la Fiscalía y al Gobierno. Las reacciones coincidieron en señalar que el operativo desplaza la atención de problemas urgentes del país y prioriza una agenda política sobre la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Revolución Ciudadana cuestiona actuación de Fiscalía
La abogada Sonia Vera se refirió al fiscal a cargo del caso y cuestionó su designación. Señaló que llegó a ese puesto por sugerencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuya gestión ha recibido críticas. Para Vera este contexto resta credibilidad a la actuación del Ministerio Público.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, expresó su solidaridad con las personas investigadas. En su cuenta de X afirmó que mientras la ciudadanía exige respuestas frente a la inseguridad el poder político concentra esfuerzos en acciones que profundizan la confrontación. Su mensaje reforzó la idea de una priorización equivocada de recursos estatales.
La actual presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, también expresó su rechazo a la medida. "¡Vergonzosa actuación de fiscalía! Absoluto respaldo a Luisa González". Rivadeneira afirmó que el procedimiento se trata de una ·persecución judicial, utilizada como distractor frente a los escándalos que envuelven a la familia presidencial".
Sofía Espín exasambleísta y parlamentaria andina suplente responsabilizó al Gobierno por el operativo. Recordó otros episodios que han afectado la imagen del Ejecutivo como los casos Progen, ATM y terrenos en La Libertad. Según su postura estos antecedentes evidencian una falta de coherencia en el combate a la corrupción.
Investigación previa por presunta delincuencia organizada
La Fiscalía informó que ejecutó allanamientos en tres inmuebles de Pichincha y uno de Guayas como parte de una investigación previa. El organismo indicó que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos relacionada con financiamiento electoral a Revolución Ciudadana.
De acuerdo con el Ministerio Público se presume el ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. Ese proceso electoral se desarrolló tras la muerte cruzada y tuvo como binomio presidencial a Luisa González y Andrés Arauz.
El caso se mantiene en fase previa y la Fiscalía no ha formulado cargos. Sin embargo la difusión de información oficial y las diligencias ejecutadas provocaron una respuesta política inmediata que elevó el tono del debate público.
En un documento difundido por Rafael Correa constan los nombres de las personas que forman parte de la investigación previa. Ellos son: Luisa González, Andrés Arauz, Rafael Correa, Patricio Chávez, Suad Manssur, Fausto Herrera, Patricio Rivera y Bibian Hernández.
La publicación de la lista intensificó las reacciones del correísmo que insiste en que el proceso carece de imparcialidad. Mientras tanto la Fiscalía continúa con las diligencias propias de la etapa investigativa sin pronunciarse sobre plazos ni eventuales imputaciones. (37).
