La Fiscalía General del Estado presentó una recusación contra la jueza Daniela Ayala en el caso Magnicidio FV. Este caso investiga a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. A esta acción se suma el pedido de la defensa del procesado Daniel Salcedo para que la magistrada se aparte de la causa, tras completar tres meses de instrucción fiscal en diciembre pasado y pendiente de una audiencia de vinculación para tres cabecillas de la banda Los Lobos.

La jueza Ayala, de la Unidad Penal de Pichincha, asumió nuevamente el caso tras no aceptarse su excusa. Sin embargo, difirió por tercera vez la audiencia de vinculación programada para el 28 de enero, reprogramándola para el 10 de febrero a las 08h00. Esta decisión busca garantizar el acceso del defensor público de Esteban Aguilar a elementos necesarios para la defensa, ante un posible pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

Diferimientos y Suspensiones

La audiencia aplazada involucra la vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis, identificados como líderes de Los Lobos, un grupo de delincuencia organizada. Ayala había sido separada temporalmente del caso por una suspensión de 90 días y una sanción adicional de 30 días sin sueldo, derivadas de acciones administrativas relacionadas con esta causa.

De acuerdo con diario El Universo, el 14 de enero, al retornar, Ayala requirió a la Fiscalía justificar por qué no solicitó la inhibición de jueces ordinarios al vincular a líderes de grupos delictivos. Horas después, presentó una excusa al considerar a Amanda Villavicencio, hija del asesinado y acusadora particular, como "enemiga manifiesta", lo que la separó nuevamente del proceso.

Recusación y pedidos de apartamiento

Considerando estos antecedentes, incluyendo denuncias del exfiscal general subrogante Wilson Toainga que llevaron a las suspensiones, la Fiscalía formalizó la recusación, lo que resultó en la pérdida de competencia de Ayala. Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo -quien cumple penas acumuladas de más de 34 años por corrupción en salud y justicia-, argumentó que la presencia de la jueza es insostenible por una "incompatibilidad objetiva" que compromete la credibilidad del proceso.

Montero enfatiza que el rol de Ayala debe tutelar el debido proceso, garantizar igualdad de armas e independencia judicial. Señala que su actuación es cuestionada por la Fiscalía, las víctimas (hijas de Villavicencio) y la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, que determinó dolo en un voto de mayoría y remitió actuaciones al Consejo de la Judicatura. La defensa resalta que el caso involucra la vida de un ciudadano, exigiendo imparcialidad y rigor jurídico.

Contexto procesal y acusados

Tanto Salcedo como su defensa creen que las víctimas, partes procesales y sociedad merecen justicia efectiva, no decisiones condicionadas por factores externos. Por ello, se ratifican en la solicitud de apartamiento de Ayala para permitir un juez imparcial.

Desde el 3 de septiembre de 2025, la Fiscalía acusa como autores intelectuales a Daniel Salcedo, José Serrano (exministro durante el gobierno de Rafael Correa), Xavier Jordán (llamado a juicio en el caso Metástasis) y Ronny Aleaga (exasambleísta de Revolución Ciudadana).

El asesinato de Villavicencio, excandidato de la alianza Gente Buena-Construye, se enmarca en investigaciones sobre delincuencia organizada en Ecuador, con énfasis en la independencia judicial y el cumplimiento de estándares constitucionales (24).