Daniel Noboa inicia su segundo mandato presidencial con un veto a reformas en telecomunicaciones. El presidente de Ecuador decidió vetar parcialmente las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, aprobadas en el periodo legislativo anterior.

Esta objeción se hizo pública este lunes 26 de mayo, afectando dos de los seis artículos reformados por la Asamblea Nacional.

Daniel Noboa defiende sus vetos

El primer artículo vetado se refiere a las condiciones que deben cumplir las empresas públicas para prestar servicios, incluyendo exoneraciones en pagos como derechos de otorgamiento o renovación de títulos habilitantes y la contribución del 1% de los ingresos facturados. Daniel Noboa considera necesario añadir al final de este artículo que las empresas públicas deben cumplir no solo con la política pública emitida por el ente rector, sino también con la normativa que establezca la entidad encargada de la regulación y control de telecomunicaciones. Esta modificación busca fortalecer el control estatal y la transparencia en el sector.

En cuanto a la reforma para la ejecución de proyectos que reduzcan la brecha digital, el Ejecutivo señala que el texto aprobado carece de claridad en aspectos fundamentales. Según el veto presidencial, no se especifican con detalle la forma, el financiamiento ni los requisitos necesarios para llevar a cabo estos proyectos, lo que podría afectar la efectividad de las iniciativas para mejorar el acceso a telecomunicaciones en zonas vulnerables. Noboa enfatiza la importancia de definir estos elementos para garantizar el éxito en la reducción de la brecha digital.

Próximos pasos

El veto parcial a las reformas de la Ley de Telecomunicaciones marca el inicio del nuevo gobierno de Noboa. Él asumió el cargo con la promesa de impulsar reformas que fortalezcan la economía y la infraestructura del país. La decisión de vetar estas reformas refleja un compromiso con la regulación precisa y el desarrollo sostenible del sector de telecomunicaciones en Ecuador.

La Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones realizadas por el Ejecutivo y ajustar los artículos vetados para que cumplan con los requerimientos planteados. Este proceso es fundamental para avanzar en una legislación que promueva la transparencia, la eficiencia y la inclusión digital en el país.