El presidente Daniel Noboa envió este 29 de julio del 2025, a la Asamblea Nacional, su cuarto proyecto de ley de carácter económico urgente. Se denomina Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales y tiene como objetivo fundamental la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de fundaciones, corporaciones, oenegés y entidades sin fines de lucro, según indica el texto oficial.
Este lunes, en una entrevista radial, el mandatario adelantó la presentación de esta iniciativa que ha sido llamada popularmente la Ley de Fundaciones. El documento legal consta de 15 artículos, una disposición general, cuatro disposiciones transitorias, cuatro reformatorias y dos finales. El artículo 13 establece la obligatoriedad de la rendición de cuentas para todas estas organizaciones. Mientras, que el artículo 14 indica que deben inscribirse en un Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios).
Registro y control en la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales
Entre las disposiciones, el proyecto fija un plazo de 90 días para que las organizaciones se registren en el Suios. Además, contempla que los fondos retenidos en procesos judiciales por delitos como lavado de activos, fraude o financiamiento del terrorismo pasarán a una cuenta especial administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Daniel Noboa criticó que actualmente estos recursos quedan congelados en el sistema financiero privado sin control estatal.
Por otra parte, en las disposiciones reformatorias, el Ejecutivo propone modificar varios artículos de la Ley de la Economía Popular y Solidaria, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley para la Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiación de Delitos, así como la Ley de Régimen Tributario Interno. Estas reformas buscan fortalecer el marco legal para un control fiscal más riguroso y efectivo.
Agilidad en el proceso legislativo urgente
El proyecto de ley entregado por Noboa es el cuarto enviado bajo la modalidad de urgencia económica desde mayo de 2025, cuando inició su mandato presidencial. Las tres leyes previas aprobadas bajo este procedimiento especial fueron la Ley de Solidaridad, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Áreas Protegidas. Esta modalidad permite que la Asamblea Nacional apruebe la normativa en menos de 30 días, acelerando significativamente el proceso legislativo y reduciendo la burocracia habitual.
