El proceso de fusión de ministerios en Ecuador junto con la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos encendió la alarma de la fiscalización parlamentaria. Esta medida, impulsada por el Gobierno y oficializada a través del Decreto Ejecutivo n.º 60, busca reducir el Estado con una reorganización significativa. Se suprimen seis ministerios y seis secretarías, integrándose a otras carteras como parte de la política de eficiencia administrativa. El impacto sobre la vida institucional y los servicios públicos centra el debate político nacional.
La fusión de ministerios y despidos masivos ha generado reacciones inmediatas en la Asamblea Nacional. Héctor Rodríguez, legislador de la Revolución Ciudadana, y Mariana Yumbay (Pachakutik) lideran la solicitud de información detallada sobre el criterio técnico que motivó la separación de los funcionarios y el rediseño institucional. Los parlamentarios señalaron la necesidad de comparecencias de autoridades y de investigar si la medida se aplicó según principios legales y técnicos establecidos, aludiendo a supuestas irregularidades y a la urgencia de transparencia en el proceso.
Fiscalización y argumentos técnicos: fusión de ministerios y desvinculación de funcionarios
Rodríguez sostiene que el proceso de fusión ministerial y reducción de personal responde a acuerdos internacionales y criterios de optimización. El asambleísta afirma que presentará requerimientos a más de 20 instituciones estatales, exigiendo claridad en la desvinculación de servidores públicos. Además, anticipa que en diez días, desde la Comisión de Garantías Constitucionales, podrían solicitarse comparecencias a los responsables del Ejecutivo.
Por su parte, Yumbay y otros de la bancada de Pachakutik cuestionan el trasfondo del Decreto Ejecutivo n.º 60. Insisten en que los despidos no pueden ejecutarse sin evaluación técnica; califican la fusión de ministerios como “desmantelamiento del Estado”. Según los asambleístas, este plan deriva de compromisos asumidos por el Gobierno ecuatoriano con el FMI, enfocándose en la reducción del tamaño estatal, lo que pondría en riesgo la calidad de los servicios públicos y el empleo en el sector.
Eficiencia o controversia: distintas voces
Desde el Partido Social Cristiano, Otto Vera respalda la decisión del Ejecutivo y defiende la reducción del tamaño estatal como vía hacia la eficiencia administrativa y la reducción del gasto público. Otto destaca que desvincular el 1% de la nómina estatal generará un ahorro anual estimado en $150 millones, y habilitaría la capacidad de endeudamiento por al menos $1.500 millones. Este monto, subraya, podría destinarse a obras públicas y necesidades urgentes, reflejando la palabra clave de la fusión de ministerios en su visión de desarrollo nacional.
Sin embargo, en el PSC no hay consenso sobre abrir una investigación inmediata contra la fusión de ministerios. Vera advierte que una posible precarización de los servicios públicos podría justificar una fiscalización futura. Resalta también que el verdadero enfoque debe ser el combate a la corrupción y la mala prestación de servicios en el ámbito público.
El oficialismo y la promesa de transparencia
Asambleístas del bloque Acción Democrática Nacional (ADN), como Inés Alarcón y Nathaly Farinango, manifiestan respaldo a la disposición del presidente Daniel Noboa, recalcando que el oficialismo no se opondrá al control parlamentario. Alarcón considera la medida como un paso hacia la eficiencia gubernamental y menos burocracia, señalando la importancia de garantizar servicios de calidad para la ciudadanía. Farinango apela a la responsabilidad legislativa: si se fiscaliza, debe hacerse sin show ni ataques, priorizando el diálogo y la transparencia.
Ambas legisladoras insisten en que la fusión de ministerios no debería afectar las competencias existentes, aunque reconocen que la reestructuración implica retos significativos. La medida es reconocida como difícil pero necesaria, en el marco de una política pública de modernización institucional y ajuste fiscal.
