Dos hombres fueron sentenciados a cuatro años y tres meses de prisión por talar el Sycamore Gap Tree, el árbol más emblemático del Reino Unido.
El acto vandálico ocurrió en septiembre de 2023 junto al Muro de Adriano, Patrimonio de la Humanidad. El crimen causó conmoción nacional y daños valorados en más de 458.000 libras esterlinas.
Un crimen planificado al talar
El tribunal de Newcastle, donde se llevó a cabo el juicio, determinó que Daniel Graham, de 39 años, y Adam Carruthers, de 32, actuaron con un “alto grado de planificación y preparación”. En el fallo, la jueza Christina Lambert dijo que es un “estupor público” y que la acción se hizo cuidadosamente ejecutada.
La noche del crimen, los dos hombres condujeron hasta un parque cercano. Caminaron 20 minutos en la oscuridad, y usaron una motosierra para cortar el árbol, mientras uno filmaba al otro. Posteriormente, se enviaron videos y artículos celebrando la repercusión mediática del acto, incluso llevándose un trozo del tronco como trofeo.
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Impacto patrimonial y cultural
El Sycamore Gap Tree, conocido también como el «Árbol de Robin Hood», ganó fama internacional tras aparecer en la película Robin Hood: Príncipe de los ladrones (1991), protagonizada por Kevin Costner. Estaba ubicado en Crag Lough, junto al histórico Muro de Adriano, construido por los romanos entre los años 122 y 127 d.C., hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El árbol es completamente retirado un mes después del acto vandálico, mientras expertos confirmaban también daños en la estructura del muro romano debido a la caída del tronco.
Juicio y confesión
Durante el juicio celebrado en mayo de 2025, los acusados cambiaron su versión varias veces. Inicialmente, se culparon mutuamente y negaron su participación. Posteriormente,confesaron el delito, alegando que se encontraban bajo los efectos del alcohol, argumento que no convenció a la fiscalía.
El fiscal Richard Wright calificó la acción como una “misión estúpida” que causó un daño irreparable. Finalmente, ambos recibieron penas de prisión cercanas al máximo legal de 10 años, conforme a la legislación británica sobre delitos contra el patrimonio y el medio ambiente.