La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó allanamientos en las viviendas de Luisa González y Andrés Arauz, excandidatos presidenciales del movimiento Revolución Ciudadana. Esto como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Los operativos se realizaron la madrugada de este miércoles 28 de enero en tres inmuebles en Pichincha y uno en Guayas, sin detenciones reportadas.
Según el Ministerio Público, se presume un ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, donde González y Arauz formaron binomio y perdieron ante Daniel Noboa. La indagación, denominada caso Caja Chica, busca recabar indicios relacionados con el presunto financiamiento irregular. Junto a la Policía, las autoridades inspeccionaron propiedades para obtener evidencias.
Luisa González dejó la presidencia de la RC5
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta 30 años de prisión para autores de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, y hasta 22 años para colaboradores. Entre los investigados figuran ocho personas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, quien reveló la notificación en su cuenta de X. Además de Rafael Correa, González y Arauz, la lista incluye al asambleísta Patricio Chávez.
También figuran la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, y la abogada Bibian Hernández. Correa denunció los allanamientos como un abuso, comparándolos con prácticas de dictaduras, y mencionó una denuncia de noviembre de 2025 con reserva de identidad que motivó las acciones.
TCE remitió una denuncia a González
Hasta el 18 de enero, Luisa González presidía el Movimiento Revolución Ciudadana, cargo que cedió a Gabriela Rivadeneira durante una convención realizada en Manta, Manabí. En ese evento, González fue notificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre un proceso por presuntas infracciones en la campaña de 2023.
La denuncia, presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), alega incumplimientos en el financiamiento político y gasto electoral según el Código de la Democracia. Las sanciones posibles incluyen multas de hasta 70 salarios básicos unificados y suspensión de derechos políticos por cuatro años. Luisa González alegó que la notificación fue irregular, afirmando que la notificadora la engañó al citarla para una foto.
Investigaciones judiciales relacionadas con corrupción
El 26 de enero, solicitó al TCE anular el proceso, argumentando violación a su derecho a la defensa por falta de tiempo y medios adecuados para prepararla. El contexto electoral de 2023 en Ecuador destaca tensiones en el financiamiento de campañas, con regulaciones estrictas para prevenir influencias externas. La Revolución Ciudadana, liderada por Correa desde el exilio, ha enfrentado múltiples investigaciones judiciales relacionadas con corrupción y financiamiento irregular.
La Fiscalía enfatiza que las acciones se basan en presunciones de ingreso de fondos en efectivo desde Venezuela, aunque no se han detallado montos específicos ni pruebas públicas hasta la fecha. Los allanamientos forman parte de esfuerzos por transparentar el sistema electoral ecuatoriano, en medio de debates sobre integridad política. Las autoridades continúan la recolección de indicios sin confirmar avances adicionales en la investigación.
