Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos durante un operativo policial en la provincia de Santa Elena el 31 de enero de 2026, luego de ser identificados como presuntos responsables de extorsión en el sector Las Dunas.
La operación estuvo a cargo de la Policía, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Policía Judicial, bajo el nombre "Cero Impunidad 2815". El despliegue policial se ejecutó tras recibir información sobre el paradero de los sospechosos en un inmueble donde, de acuerdo con las indagaciones, realizaban actividades ilícitas dirigidas a los residentes de la zona.
Con la intervención precisa en dicho inmueble, los uniformados lograron identificar y aprehender a los individuos, a quienes se investiga por presuntas acciones de extorsión que habrían perjudicado a habitantes de Las Dunas. El operativo también permitió la incautación de varios objetos relacionados presuntamente con las actividades delictivas.
Detalles del operativo y hallazgos incautados
Durante la intervención, la Policía incautó nueve motocicletas que registraban alerta de robo y sus chasis eran ilegibles, situación que refuerza las sospechas sobre la participación de los aprehendidos en otros posibles delitos. Además, los efectivos encontraron un arma de fuego y dos cartuchos sin percutir, elementos que también fueron puestos bajo custodia para investigaciones posteriores.
En el registro del lugar, los agentes policiales evidenciaron elementos tecnológicos y dinero en efectivo, ambos considerados parte de las herramientas utilizadas por los presuntos extorsionadores. La investigación se centra en determinar si estas pertenencias tienen vínculos con otros casos similares reportados en la provincia.
- 01 arma de fuego
- 02 cartuchos sin percutir
- 04 terminales móviles
- 09 motocicletas con alerta de robo y chasis ilegible
- Dinero en efectivo
Identificación de los detenidos y proceso judicial
Las autoridades identificaron a los aprehendidos como Mauricio V., y Jonantan R.. Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial correspondiente, junto con las evidencias recabadas, para iniciar el debido proceso y definir su situación jurídica.
El operativo responde a la estrategia institucional dirigida a reducir los índices de impunidad y a fortalecer la seguridad en zonas identificadas como focos de actividad ilícita.
Las investigaciones continuarán para esclarecer si los detenidos forman parte de una estructura criminal más amplia dedicada a la extorsión y al tráfico de objetos robados en la región. Las autoridades exhortaron a la población a colaborar con la información que permita avanzar en los procesos judiciales y evitar la repetición de estos delitos. (22)
