Este lunes, 26 de enero, la Asamblea Nacional analizó el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Durante la sesión, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió a los delegados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes expusieron puntos críticos para fortalecer la integridad y la estabilidad del Estado mediante un sistema de investigación riguroso.
Pablo Fonseca Cisneros, representante del CNI, enfatizó la importancia de evitar interpretaciones ambiguas en la normativa vigente. El funcionario subrayó que el texto legal debe ser preciso para garantizar que las acciones administrativas no den lugar a errores en la permanencia institucional del país durante su aplicación técnica en el territorio nacional.
Alcance del apoyo militar en crisis penitenciarias
Uno de los puntos clave discutidos en la Asamblea Nacional fue la intervención de los militares en los centros de rehabilitación. Fonseca sugirió precisar que el apoyo complementario en el sistema penitenciario se active exclusivamente bajo escenarios de grave conmoción interna, argumentando que es vital definir jurídicamente en qué consiste exactamente dicha situación de crisis para actuar bajo la ley.
Además, la propuesta del CNI busca ampliar el ámbito de aplicación de esta normativa legal. Se sugirió que se incorporen como sujetos obligados al SNAI, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio del Interior, instituciones que mantienen una relación directa con la gestión de la seguridad pública en el Ecuador.
Análisis del informe anual de la Fiscalía
Por otro lado, la Asamblea Nacional inició el proceso de fiscalización sobre el trabajo de la Fiscalía General del Estado. La mesa legislativa avocó conocimiento de la resolución del Pleno que le asigna la tarea de analizar el informe de labores correspondiente al periodo 2025, año en el que se desarrollaron diversas gestiones judiciales.
Inés Alarcón Bueno, en su calidad de presidenta de la comisión, ordenó convocar al fiscal General encargado, Carlos Alarcón. El objetivo es que la autoridad detalle las acciones tanto administrativas como procesales ejecutadas durante el ejercicio fiscal anterior para transparentar la gestión ante la Función Legislativa de manera inmediata.
