La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe para primer debate del proyecto urgente que fortalece la gestión del sistema de áreas protegidas, habilitando la presencia de la fuerza pública en zonas naturales con actividad delictiva.

Con siete votos a favor, la comisión presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno (ADN), aprobó el informe enfocado en la protección de las áreas naturales del país.

Uno de los ejes centrales del texto es la autorización para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas participen en operaciones dentro de áreas protegidas, específicamente donde existan presencias de grupos criminales, como medida para enfrentar amenazas como la minería ilegal.

Además, se propone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-EP), una empresa pública que estará bajo responsabilidad del Presidente de la República. Esta entidad podrá administrar recursos mediante fideicomisos públicos, financiar proyectos y realizar alianzas con el sector privado y comunitario. 

Nace el SNAP-EP: empresa que protegerá el sistema de áreas protegidas

El SNAP-EP será la institución encargada de declarar áreas protegidas, controlar actividades en su interior y gestionar la inversión y cooperación en estos territorios. Los fideicomisos que administrará estarán alimentados por donaciones nacionales e internacionales, préstamos y rendimientos propios.

También se regula la asociación con comunidades, pueblos y nacionalidades, a quienes se podrá ceder temporalmente el uso de infraestructura dentro de las áreas protegidas, bajo figura de cooperación. Se establece que estas alianzas no implican titularidad ni exclusividad sobre los recursos o territorios.

Una de las reformas más destacadas es el reconocimiento legal de los guardaparques como servidores públicos especializados en conservación, con funciones de vigilancia, educación ambiental y control de amenazas. Además, se promueve su profesionalización y se prioriza la contratación de personas provenientes de comunidades históricamente vinculadas a estas zonas.

Cambios tributarios, migratorios y financieros incluidos en el proyecto

El texto incorpora reformas a leyes vigentes, entre ellas la Ley de Régimen Tributario Interno, que permite al Presidente de la República reducir el IVA del 15% al 8% durante feriados, eliminando el límite de días por año para esta reducción. Esta medida busca incentivar el turismo nacional.

Otra modificación relevante es la condonación del 100% de las deudas por arrendamiento de infraestructura portuaria pesquera para la pesca artesanal. La Corporación Financiera Nacional (CFN) también podrá aplicar una remisión de intereses y costos judiciales en créditos vencidos contraídos por personas naturales o jurídicas.

En el ámbito migratorio, se establece que la autoridad de turismo podrá reconocer visas de otros países como válidas para el ingreso a Ecuador. Esto  facilitará la entrada de turistas de nacionalidades como la venezolana que cuenten con visas estadounidenses o europeas.

Disposiciones eliminadas y enfoque en seguridad

Durante la revisión del texto, se decidió eliminar la disposición que modificaba el artículo 123 del Código de la Democracia, la cual buscaba reducir de 36 a 12 horas la duración de la ley seca durante elecciones. Esta modificación no avanzó debido a cuestionamientos sobre su impacto.

Por otro lado, el proyecto ordena la elaboración de un plan integral de seguridad en las instituciones responsables del sistema de áreas protegidas y en el propio SNAP, reforzando el papel de la fuerza pública en zonas con presencia delictiva.

También se contempla que en casos que lo requieran, se realice una consulta prelegislativa con pueblos y nacionalidades afectadas.

Próximos pasos de la Asamblea Nacional

El proyecto, que contiene menos de una docena de artículos, pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su primer debate. De aprobarse, se iniciará un segundo informe que incorporará observaciones y ajustes antes de su aprobación definitiva.

La propuesta forma parte de la agenda del Ejecutivo, que busca fortalecer la gobernanza ambiental y combatir la minería ilegal. Este es un fenómeno en crecimiento en zonas como la Amazonía y la Costa ecuatoriana.