El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que limita el derecho a huelga al ampliar la lista de servicios esenciales y establecer garantías mínimas de funcionamiento durante conflictos laborales. Publicado este miércoles 21 de mayo del 2025 en el Boletín Oficial, el decreto regula sectores como el transporte marítimo y genera tensiones con los sindicatos, en un contexto marcado por un paro general en Tierra del Fuego contra medidas económicas del gobierno.
El decreto establece que servicios esenciales, como el cuidado de menores, educación en niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y especial, así como la aeronáutica comercial, control de tráfico portuario, servicios aduaneros, migratorios, transporte marítimo y fluvial, y la producción y distribución de gas, combustibles, agua potable y energía eléctrica, deben garantizar entre un 50% y un 75% de su operatividad durante huelgas. Según el artículo 3 del decreto, los servicios esenciales no podrán negociar una cobertura menor al 75%, mientras que las actividades de “importancia trascendental” deberán mantener al menos un 50% de su funcionamiento normal.
Entre los sectores recién incorporados como esenciales se encuentran el transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías. También figuran servicios portuarios como balizamiento, dragado, amarre, estiba y desestiba, así como operaciones costa afuera. También se incluyen servicios aduaneros, migratorios y relacionados con el comercio exterior, además de telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales. Estos se suman a los ya regulados, como servicios sanitarios, hospitalarios y de distribución de medicamentos, que ahora cuentan con un alcance más detallado.
Sectores rechazan la medida
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país, rechazó la medida, calificándola como un intento de “suprimir el derecho a huelga de un plumazo y sin debate previo”. En un comunicado, la CGT anunció que recurrirá a la Justicia para frenar la aplicación del decreto, al considerarlo inconstitucional, según reportó el diario El Clarín. La decisión llega semanas después de un paro general que Milei calificó como un “ataque a la República”, intensificando el conflicto con los gremios.
Simultáneamente, en Tierra del Fuego, miles de manifestantes participaron en un paro general para protestar contra la reducción de aranceles a la importación de celulares. Esta es una medida impulsada por Javier Milei que pone en riesgo la industria electrónica local, beneficiada por exenciones fiscales. La movilización refleja el creciente malestar en la región, donde la actividad industrial es un pilar económico.
Paquete de reformas económicas
La restricción al derecho a huelga se enmarca en un paquete de reformas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Estas tienen como objetivo reducir el déficit fiscal y fomentar la apertura comercial. Desde su asunción, el presidente ha enfrentado oposición de los sindicatos, que critican medidas como la desregulación económica y la reducción de aranceles, que afectan sectores industriales clave. El decreto, según La Nación, amplía significativamente la definición de servicios esenciales, limitando la capacidad de los gremios para paralizar actividades críticas.
El paro en Tierra del Fuego evidencia las tensiones entre el gobierno y los sectores laborales, especialmente en regiones dependientes de incentivos fiscales. La industria electrónica, que emplea a miles de personas en la provincia, enfrenta incertidumbre ante la mayor competencia de productos importados. La CGT y otros gremios han advertido que las medidas de Milei podrían agravar el desempleo y la inestabilidad social. Mientras el gobierno defiende que estas reformas son necesarias para modernizar la economía. Las acciones legales anunciadas por los sindicatos podrían prolongar el conflicto, en un contexto de creciente polarización política en Argentina.
