Agentes del sistema penitenciario de Ecuador llegaron este lunes 26 de enero de 2026 a la Asamblea Nacional, en Quito, con un reclamo urgente.
El miedo, la violencia y la falta de garantías marcaron el plantón del gremio, que exigió protección real y respeto institucional.
Los agentes acudieron para rechazar declaraciones emitidas durante el debate de la Reforma penitenciaria. Además, solicitaron un espacio formal para exponer su realidad laboral y frenar generalizaciones que, según indicaron, incrementan los riesgos que enfrentan.
Violencia extrema y muertes sin respuestas estatales
"El año pasado asesinaron entre 17 y 22 agentes penitenciarios", expresó César Falconí, guía penitenciario, al referirse al proyecto de Reforma del sistema penitenciario.
Indicó que la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Machala concentran los episodios más críticos del país.
Falconí relató que numerosos casos permanecen sin respuestas institucionales. Recordó a un compañero que quedó parapléjico tras recibir un disparo en la cabeza durante su turno y luego falleció, pese a ello enfrentó un proceso de destitución.
Subrayó que no todos los agentes penitenciarios son corruptos y que muchos continúan en funciones bajo temor constante.
Funciones reales de los agentes del sistema penitenciario de Ecuador
"Los filtros de los centros están a cargo de la Policía, no de los guías penitenciarios", sostuvo César Falconí, al profundizar el debate sobre seguridad carcelaria.
Explicó que los agentes del sistema penitenciario de Ecuador cumplen labores de entrega de alimentos y traslados de personas privadas de libertad a áreas médicas.
Aclaró que el control directo de los filtros recae en policías y militares, precisión que surge frente a cuestionamientos sobre el ingreso de objetos prohibidos. El gremio pidió diferenciar responsabilidades para evitar estigmatizaciones que debilitan su labor diaria.
Traslados inseguros y exposición fuera de las cárceles
"En un solo día fueron victimizados cinco compañeros", también relató Falconí, al describir un entorno laboral que calificó como tóxico.
Explicó que tras la masacre registrada en Machala varios servidores dudaron en acudir a sus turnos por falta de garantías mínimas.
Detalló que los agentes del sistema penitenciario de Ecuador deben movilizarse desde sus domicilios con uniforme, debido a la ausencia de espacios para cambiarse. Esta condición los expone a ataques directos y los convierte en blanco de estructuras delictivas.
Cuestionamientos al tratamiento legislativo del proyecto
"Se ha hecho normal que maten a un servidor penitenciario", advirtió César Falconí, al cuestionar el manejo del proyecto de reforma. Señaló que desde 2021, tras el inicio de las masacres carcelarias, el Estado no incorporó los planteamientos del gremio.
También cuestionó declaraciones de la asambleísta Inés Alarcón, al advertir que, aunque existen actos de corrupción en distintas instituciones, no se puede generalizar contra todo el personal. Por esta razón, solicitaron comparecer ante la Asamblea para exponer su posición.
Defensa jurídica y rechazo a cifras sin sustento
"No existen documentos ni investigaciones que respalden que un celular cueste 25.000 dólares", manifestó, por su parte, Diego Pozo, representante jurídico de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios del Ecuador, al responder a versiones difundidas durante el debate legislativo.
Pozo explicó que no existen procesos administrativos ni investigaciones penales que respalden esas cifras. Añadió que la asociación no registra casos de ese tipo y busca garantizar defensa jurídica y condiciones justas para los agentes del sistema penitenciario de Ecuador.
"El proyecto no habla de derechos de los servidores penitenciarios, solo de temas operativos", señaló Diego Pozo, al analizar el texto legal. Indicó que el gremio presentó propuestas orientadas a dignificar la labor penitenciaria y establecer garantías reales.
Además, sostuvo que tras las masacres carcelarias aumentaron las vulneraciones sin soluciones estructurales.
Anunció que la Comisión de Seguridad y la asambleísta Inés Alarcón convocaron al gremio para definir el futuro de sus planteamientos.
