En un espacio de entrevistas de Manavisión Plus, la abogada penalista Ana Belén Cordero, analizó la reciente propuesta de reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Cordero advirtió que el proyecto presentado por el bloque de ADN podría convertirse en una nueva herramienta de persecución contra la prensa y la ciudadanía, similar a la denominada "Ley Mordaza". También, conversó sobre la situación política de Mario Godoy. 

-La asambleísta Camila León, del Movimiento ADN, presentó un proyecto de reforma al artículo 396 del COIP, que sugiere que expresiones públicas en medios de comunicación podrían ser sancionadas. Usted se ha manifestado en contra. ¿Cuál es su percepción sobre este tema?

Nosotros tuvimos durante más de diez años una ley de comunicación que llamamos "ley mordaza", porque amordazaba la expresión libre de los medios y periodistas. Recordemos que se denostaba a actores políticos y de la sociedad civil por opinar distinto al régimen durante el correísmo. Eso terminó con la reforma en el gobierno de Guillermo Lasso y un dictamen de la Corte Constitucional, que fue clara: si alguien se siente afectado en su honra, siempre tendrá la vía civil para resarcirlo, pero nunca sancionarlo con cárcel. Ahora, los de ADN dicen combatir al correísmo, pero son igualitos; quieren que las expresiones contra funcionarios públicos, incluyendo a periodistas, puedan ser sancionadas con cárcel. Defendemos principios, no personas, y la garantía de la libertad de expresión debe ser máxima.

-¿Bastaba entonces con la normativa actual? ¿Cuál cree que es el fondo de esta reforma que busca el oficialismo?

Es interesante entender el contexto. En las últimas semanas, tras sucesos como el asesinato en Mocolí, hemos visto ataques mutuos entre ADN y el correísmo, campañas de quién es más cercano al crimen organizado. Imagino que se han sentido afectados en su honra. Pero cuando uno es funcionario público, está sujeto al escrutinio de la prensa porque su gestión es pagada con dinero de los ecuatorianos. Si a estos asambleístas de ADN no les gusta ser fiscalizados por escándalos como los de Prohen o ATM, "úntense un poquito de vaselina" y renuncien al cargo. Al querer utilizar la cárcel como herramienta por expresiones que no les gustan, se convierten en lo mismo que dijeron odiar. Es una situación parecida a lo que ocurre en Venezuela.

-¿Qué panorama avizora en la Asamblea? ¿Cree que se logre aprobar esta reforma al artículo 396?

Lo más anecdótico es que el co-exponente del dictamen de la Corte que delimitó que no se puede usar la vía penal para sancionar la expresión fue el doctor Enrique Herrería, hoy secretario jurídico de este gobierno. Me sorprende que esta asambleísta de ADN, bachiller de la República, no haya consultado con él, que es quien dicta las líneas jurídicas del gobierno. Ella presenta un proyecto que va en contra de la ponencia de su propio secretario jurídico. Seguramente habrá diversidad de criterios, pero como ellos nunca se equivocan... No sé si se apruebe, dudo que mantengan la mayoría en un año, pero siempre será recurrible ante la Corte Constitucional por ser un proyecto abiertamente inconstitucional.

-Pasando al tema de Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura. ¿Qué cree que pasará en su juicio político, considerando los nexos que se mencionan con distintas fuerzas políticas?

Mario Godoy llega a la presidencia de la Judicatura por una abstención de Juan Esteban Guarderas, consejero afín al gobierno. Recibió 25 impugnaciones que el Consejo de Participación desechó. En el juicio político, creo que se va a salvar. ADN va a poner unos cuantos votos para decir que "fiscalizan", pero le faltarán votos y lo salvarán. ¿Por qué? Porque un gobierno que viene en picada y desgastándose a ocho meses de gestión necesita manejar la justicia para su posgobierno. Tenemos un fiscal de bolsillo sentado en la Fiscalía, puesto a dedo por Godoy para hacer puntos con la Presidencia. Y lo digo con todas las letras: no gobierna Daniel Noboa, gobierna Fausto Jarrín, quien sigue en el cargo.

-Sobre la relación con Colombia, ¿cómo analiza la imposición de aranceles y la situación diplomática actual?

Es una situación delicada. Las relaciones con los vecinos deben manejarse con pinza. El gobierno habla de cifras de seguridad que no coinciden con la violencia que vivimos en las calles. Necesitamos a Colombia porque les compramos energía eléctrica carísima todos los días, ya que no se han instalado nuevas hidroeléctricas. Lo único que entiendo es que, tras reunirse con Trump, Andrés Noboa le pidió presionar a Petro, pero nosotros no somos un estado de EE. UU. Formamos parte de la CAN y esto podría costarnos una demanda. Es una medida sumamente desafortunada que va en contra de la política de abrir mercados.

-Una última pregunta sobre el gobierno anterior: ¿Por qué el expresidente Lasso decidió la muerte cruzada? ¿Realmente no tenían los votos para evitar la censura?

El juicio político no tenía los votos de apoyo; el presidente Lasso no iba a ser destituido. Sin embargo, había algo más importante: los correístas iban tras la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Participación. Lo que se hizo fue mandarnos a todos a casa para poner un pare a la toma de las instituciones. Lasso vio el bosque completo. Fue un acto de desprendimiento del poder para dar paso a un nuevo gobierno. Dejamos cifras económicas buenas y todo listo: ambulancias, hospitales y aviones. Nos vamos con la frente en alto y listos para trabajar en las seccionales, donde plantearemos 10,000 candidaturas.

-Antes de cerrar este diálogo, ¿aparecerá usted en papeleta? 

No, no, yo por ahora no.