Este jueves 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un paquete de reformas constitucionales que habilita la reelección indefinida del presidente y amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, con el respaldo mayoritario del oficialismo y en medio de fuertes críticas de la oposición. La iniciativa fue impulsada por el partido Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele, y apoyada por sus aliados en el Parlamento.
Reelección sin límites y cambio de duración del mandato en El Salvador
Con 57 votos a favor de los 60 diputados del Parlamento unicameral, la reforma modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de la República, permitiendo al jefe de Estado presentarse nuevamente sin restricciones y prolongar su periodo presidencial de cinco a seis años.
Esto significa que, aunque el actual mandato de Bukele se extiende hasta 2029, podría volver a postularse en 2027, año en el que coincidirán las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
La diputada oficialista Ana Figueroa, promotora de la reforma, justificó la medida señalando que la reelección ya existe para otros cargos de elección popular en el país, como alcaldes y diputados. “Lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño”, declaró ante los medios.
Eliminación de la segunda vuelta electoral
Además de permitir la reelección indefinida, la reforma elimina la segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales. Con esta medida, el candidato más votado será proclamado presidente, sin necesidad de mayoría absoluta ni de una ronda adicional entre los dos más votados.
Esta disposición fue una de las más criticadas por la oposición, al considerar que reduce el pluralismo democrático y favorece al oficialismo al concentrar más poder en una sola figura.
Oposición: “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”
Los partidos opositores ARENA y Vamos votaron en contra del paquete de reformas. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) declaró que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, y denunció que la reforma fue aprobada “sin consulta, de forma burda y cínica”. También acusó a la coalición oficialista de “quitarse las máscaras” y utilizar su mayoría parlamentaria para imponer una agenda autoritaria.
Las bancadas minoritarias también alertaron sobre el riesgo de que el país avance hacia un modelo de concentración del poder, en el que los mecanismos de control institucional sean debilitados.
Régimen de excepción y control del Congreso
La votación se dio en un clima de alta tensión política e institucional, con un gobierno que ya suma más de 50 cambios ministeriales y mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción, justificado por el combate contra las pandillas.
El presidente Bukele ha defendido sus políticas con mensajes desafiantes. En junio de este año declaró: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador” y añadió que términos como democracia, institucionalidad o derechos humanos son “palabras usadas para mantenernos sometidos”.
El Congreso también tiene previsto ratificar la prórroga número 41 del régimen de excepción, lo cual consolidaría aún más el enfoque de seguridad del actual gobierno, con amplios poderes y limitaciones a las garantías individuales.
Ratificación pendiente
Aunque la aprobación legislativa marca un hito, el cambio constitucional requiere una segunda votación en la siguiente legislatura, tal como establece el procedimiento legal en El Salvador. Sin embargo, dado el amplio control del oficialismo en el Parlamento, se anticipa que la ratificación será aprobada sin mayores contratiempos.
En caso de confirmarse, estas reformas colocarían a El Salvador entre los pocos países de la región que permiten la reelección presidencial sin límite de periodos, una característica común en regímenes con bajo equilibrio de poderes.
Democracia en El Salvador
La aprobación de estas reformas marca un punto de inflexión en la historia democrática de El Salvador, al consolidar un marco legal que permite la reelección indefinida del presidente y elimina la segunda vuelta electoral. Mientras el oficialismo celebra la ampliación del mandato como un acto de “empoderamiento popular”, la oposición y sectores críticos advierten sobre una deriva autoritaria y el debilitamiento de las instituciones.