El Gobierno de Ecuador ha dado inicio a la deportación de aproximadamente 1.000 presos colombianos que cumplen condena en diversas cárceles del país. Este proceso ya comenzó con la repatriación de 700 personas privadas de libertad, reforzando así el compromiso nacional con la seguridad y el orden interno.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que esta deportación se realiza conforme a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y bajo resoluciones del Código Orgánico Integral Penal.
Esta medida nace de un acuerdo ministerial, que delega a la Subsecretaría de Migración la gestión de los procesos para las deportaciones. Durante julio, se realizaron unas 1.000 audiencias individuales para presos colombianos, cuyas resoluciones se remitieron a los jueces encargados. En un plazo de 24 horas, estos jueces emitieron las boletas de excarcelación, permitiendo que el SNAI proceda con la liberación y que el Ministerio del Interior ejecute la deportación por el Puente Internacional de Rumichaca.
Procedimiento legal y seguridad en la deportación
El Gobierno de Ecuador ha garantizado que el proceso se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad, con un respeto absoluto a los derechos humanos y manteniendo la reserva de información para proteger tanto el cumplimiento legal como los derechos de los presos.
Esta deportación se basa en la reforma legal que permite suspender la pena en Ecuador a cambio de la expulsión, prohibiendo el ingreso al país por 40 años y con posibilidad de reactivación judicial si regresan antes de ese plazo.
Impacto y reacción en Colombia
Sin embargo, la deportación de presos colombianos ha generado críticas por parte del Gobierno de Colombia. Denunciaron que no recibieron notificaciones previas adecuadas sobre el traslado. Por ello, solicitan establecer un protocolo y calendario para asegurar un trato digno a sus ciudadanos deportados.
La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, reconoció que aunque no hubo aviso previo, las autoridades colombianas brindaron atención humanitaria integral. Han brindando hospedaje, alimentación y transporte adecuado a los deportados.
La mayoría de estas personas, según la Cancillería colombiana, tienen antecedentes judiciales, mientras que algunas no cuentan con procesos pendientes, por lo que quedarán en libertad al superar el trámite migratorio. Esta situación ha generado preocupación en Colombia sobre la seguridad fronteriza y la necesidad de cooperación bilateral para mejorar la coordinación de estos procesos.
