Brian Littrell, integrante de los Backstreet Boys, ha presentado una demanda contra la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, Florida, por no intervenir ante el ingreso reiterado de personas no autorizadas a su propiedad privada frente a la playa. La acción legal, iniciada a través de su empresa BLB Beach Hut LLC, solicita un mandamus para obligar a las autoridades a actuar, en medio de un debate sobre los límites entre el acceso público a playas y los derechos de propiedad privada.
La demanda detalla que, pese a la instalación de carteles de “prohibido el paso” y la delimitación de la propiedad con mobiliario, las incursiones de extraños persisten. Los abogados de Brian Littrell reportaron incidentes como daños al mobiliario, hostigamiento y dispersión de documentos legales en la playa. Ante la falta de acción policial, la familia contrató seguridad privada para proteger el terreno. Brian Littrell, a través de su abogado, expresó a medios como Fox News que busca garantizar el uso pacífico de su propiedad sin restringir el acceso a las áreas públicas definidas por la ley.
¿Qué dice la normativa en Florida?
El condado de Walton ha sido escenario de conflictos similares entre residentes y bañistas, impulsados por el desarrollo inmobiliario y la presencia de figuras públicas. NBC News señaló que estos enfrentamientos han motivado ajustes en las regulaciones locales y la intervención de organizaciones defensoras del acceso público. La resolución del caso de Brian Littrell podría sentar precedentes para otras disputas en la región. Especialmente en torno a la eficacia de los mecanismos legales disponibles para los propietarios.
Otros casos
El caso de Brian Littrell se inserta en una discusión más amplia sobre el equilibrio entre los derechos de propiedad privada y el acceso público a las playas en Florida. Este es un estado conocido por sus costas y el turismo. La creciente presión sobre las zonas costeras, donde propiedades de alto valor coexisten con el interés público, ha generado tensiones legales recurrentes.
Organizaciones defensoras del acceso ciudadano abogan por regulaciones claras, mientras los propietarios exigen mayor protección. La decisión judicial sobre este caso podría influir en cómo se gestionan futuros conflictos en áreas costeras de Estados Unidos.
