La Asamblea Nacional de Ecuador abordó, la tarde de este martes 24 de junio, el segundo debate del proyecto de Ley de Integridad Pública, calificado como económico urgente, en la sesión 013. Durante la discusión, surgieron discrepancias sobre sanciones a menores que cometen delitos graves. Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, defendió que los adolescentes enfrenten procesos como menores, pero asuman responsabilidades como adultos al alcanzar la mayoría de edad.
Por otro lado, Andrés Castillo, legislador de Pichincha por ADN, propuso normas que sancionen a menores según la gravedad de sus delitos. Castillo expresó su desacuerdo con Serrano, argumentando que las sanciones deben reflejar la seriedad del delito, independientemente de la edad. Estas posturas reflejan la complejidad del debate en torno a la justicia juvenil.
En medio de la sesión, Luis Molina, asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), apeló la presidencia de Niels Olsen. Molina aclaró que su acción no era personal, sino que respondía a presuntas irregularidades en la gestión de Olsen.
Ley de Integridad Pública: tensiones en la presidencia
La apelación de Molina no prosperó. De 147 asambleístas, 60 votaron a favor, 83 en contra y cuatro se abstuvieron. Tras el rechazo, la sesión continuó con el análisis del proyecto de ley.
Carlos Vargas, legislador de Guayas por RC, respaldó la Ley de Integridad Pública. Aunque apoya a su bancada, destacó la relevancia de la propuesta para fortalecer la integridad en la gestión pública. Su postura refleja un intento de equilibrar lealtades políticas con el interés general.
Críticas al Gobierno
Ricardo Patiño, también de RC, criticó al Gobierno durante su intervención en el pleno. Señaló un supuesto “cinismo” en algunas exposiciones y cuestionó las demandas económicas del Ejecutivo, que, según él, pide “plata y más plata”. Además, defendió la construcción del puente entre Ecuador y Colombia como un proyecto prioritario.
El debate evidenció tensiones políticas y discrepancias ideológicas. La Ley de Integridad Pública sigue generando discusiones sobre justicia, gestión pública y prioridades económicas en el país.
