El Consejo de la Judicatura (CJ) reaccionó hoy ante los eventos registrados en Manabí relacionados con el caso Narcotentáculos, que implica a servidores judiciales. El presidente del organismo, Mario Godoy, ordenó de inmediato que la Dirección Nacional de Transparencia inicie investigaciones para determinar si los funcionarios, cuyas viviendas fueron allanadas, incurrieron o no en posibles infracciones al Código Orgánico de la Función Judicial.
Desde el 16 de julio de 2024, más de 90 funcionarios judiciales han sido desvinculados a nivel nacional por faltas disciplinarias graves, según el comunicado oficial. El CJ también colaborará con la Fiscalía para esclarecer los hechos, asegurando transparencia e imparcialidad.
Allanamientos en el marco del caso Narcotentáculos
La madrugada de este 17 de junio del 2025, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos como parte de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. Las diligencias se realizaron simultáneamente en oficinas y domicilios de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí. Todo esto como parte de la investigación del caso Narcotentáculos.
La Fiscalía lleva adelante una investigación que indaga presuntos delitos de delincuencia organizada vinculados a jueces, abogados y particulares. Los operativos se llevaron a cabo en varios puntos de la provincia de Manabí. Se enfocaron en dependencias judiciales y residencias de funcionarios de la Corte Provincial.
Las autoridades recabaron indicios como dispositivos electrónicos, documentos y otros elementos relevantes para la investigación. Este procedimiento es una continuación de las acciones iniciadas el 16 de agosto de 2024, cuando se realizaron allanamientos similares en los mismos entornos. Allí se recolectaron computadores y celulares que son analizados.
El caso Narcotentáculos se deriva de testimonios obtenidos en el caso Plaga, una investigación que resultó en la sentencia de varios jueces de Manabí por delincuencia organizada. En dicho proceso, los magistrados condenados admitieron haber recibido grandes sumas de dinero a cambio de emitir fallos judiciales ilegales. Dichos dictámenes favorecían a redes criminales. Estos testimonios señalaron a otros funcionarios judiciales.
