El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, permanece en estado crítico en la Clínica Fundación Santa Fe tras sufrir un atentado el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, Fontibón, Bogotá. El presidente Gustavo Petro reveló que el esquema de seguridad del senador fue reducido de siete a tres escoltas ese mismo día. Un hecho que calificó como “extraño” y que está bajo investigación. El ataque, perpetrado por un menor de 15 años, ha desatado cuestionamientos sobre los protocolos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y avivado la tensión política en el país.
El atentado ocurrió alrededor de las 17h00, durante un acto de campaña en el que Miguel Uribe Turbay, de 39 años, recibió tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano y luego a la Fundación Santa Fe, donde se le practicaron procedimientos neuroquirúrgicos y vasculares. Según el último parte médico, su estado es de “máxima gravedad” con pronóstico reservado. La Fiscalía General reporta que el sospechoso, un adolescente detenido en el lugar con una pistola Glock, actuó presuntamente por una recompensa económica. Las autoridades investigan posibles autores intelectuales, sin descartar móviles políticos o intentos de desestabilización.
Hubo una reducción del esquema de seguridad, según Petro
Petro, en un mensaje publicado en X el 9 de junio, informó que la reducción del esquema de seguridad, a cargo de la UNP, ocurrió “extrañamente” el día del atentado. “Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, afirmó, señalando que se revisarán los protocolos de protección. La declaración generó controversia, ya que la familia de Uribe presentó una denuncia contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por no reforzar la seguridad del senador, un crítico del gobierno y opositor a la propuesta de consulta popular para una reforma laboral.
El presidente también expresó preocupación por el uso político del atentado. “No me gusta que se use electoralmente el atentado a Miguel Uribe”, dijo, instando a la prudencia para evitar confrontaciones. Petro reiteró su compromiso con el “mandato popular” de 2022 y llamó a las autoridades a identificar a los responsables del ataque. La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, reconoció fallas estatales en la protección de Uribe, marcando un contraste con el discurso oficial.
Violencia política en Colombia
El atentado ha reavivado memorias de la violencia política en Colombia, evocando los asesinatos de figuras como Luis Carlos Galán (1989) y Diana Turbay Quintero, madre de Uribe, secuestrada por el cartel de Medellín y fallecida en 1991 durante un operativo de rescate. Líderes políticos, incluida la oposición, han condenado el ataque. El Centro Democrático, partido de Uribe, lo calificó como un “atentado contra la democracia”. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuyo padre también fue asesinado, pidió evitar discursos de odio que incentiven la violencia.
La investigación avanza con más de 1.000 videos analizados y 23 entrevistas realizadas, según la fiscal general Luz Adriana Camargo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información sobre los responsables. Mientras, ciudadanos y simpatizantes se congregan frente a la clínica en vigilias por la recuperación de Miguel Uribe.
El caso intensificó el debate sobre la seguridad de líderes políticos en un contexto de polarización. Agravado por las tensiones entre el gobierno de Petro y la oposición. La UNP enfrenta críticas por su gestión, y la sociedad colombiana exige respuestas para evitar un retorno a los años de violencia política.
