El Consejo de la Judicatura destituyó al juez Jorge Armendáriz Zuluaga tras comprobar que liberó irregularmente a varios detenidos sin tener competencia territorial ni respaldo legal.
Destitución de juez por liberación irregular
El 20 de mayo de 2025, los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Mario Godoy resolvieron separar del cargo a Armendáriz, quien trabajaba en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según los informes, el exjuez incurrió en faltas disciplinarias gravísimas al actuar fuera de su jurisdicción.
El magistrado otorgó boletas de excarcelación a personas procesadas por delitos graves, aunque los casos pertenecían a otras provincias. Las liberaciones incluyeron a imputados por tráfico de drogas, homicidio, delincuencia organizada y pornografía infantil. Las causas se encontraban en Manabí, Chimborazo, Pichincha y Guayas.
Corte provincial halló error inexcusable
El 11 de abril de 2024, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial concluyó que Armendáriz incurrió en error inexcusable. Los jueces de la sala señalaron que su actuación comprometió principios como el debido proceso, la independencia judicial y la correcta aplicación de la ley.
Armendáriz no estudió de forma adecuada los expedientes. Emitió excarcelaciones sin contar con un análisis jurídico sólido. Esa práctica puso en riesgo la seguridad jurídica y la integridad de las sentencias judiciales.
El exjuez admitió su rol en red delictiva
El 28 de enero de 2025, el propio Armendáriz aceptó su participación en una red de delincuencia organizada. Durante una audiencia de procedimiento abreviado, reconoció que facilitó la liberación de tres sicarios vinculados a Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización Los Lobos.
La Fiscalía estableció que Cristian Romero, abogado defensor de Leandro Norero y Jorge Glas, entregó 60.000 dólares a Armendáriz a cambio de las boletas de libertad. Norero y Glas enfrentan investigaciones por narcotráfico y corrupción.
Nueve funcionarios más enfrentan condenas
En el mismo proceso judicial, el sistema penal procesó a otros nueve implicados, entre ellos Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial. El tribunal le impuso 10 meses de prisión por su responsabilidad.
Armendáriz también debe ofrecer disculpas públicas y pagar 76.560 dólares entre multa y reparación integral. Su confesión permitió que el caso avance mediante procedimiento abreviado, lo cual redujo los tiempos procesales.
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Más jueces involucrados en tramas delictivas
La remoción de Armendáriz forma parte de una lista de jueces destituidos por su vinculación con redes criminales. Entre los nombres señalados figuran Ángel Lindao y Emerson Curipallo, quienes también enfrentan procesos por corrupción.
El Consejo de la Judicatura ha sancionado a otros jueces de la provincia como Galo Luzuriaga, Patricio Calderón, Jorge Montero Berrú y José Guzmán Herbozo. Además, el fiscal Víctor Hugo Alcívar y la secretaria judicial Mellany Alarcón recibieron sanciones administrativas (5).
