El próximo 20 de junio se retomará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Triple A. Este proceso judicial lo sigue la Fiscalía General del Estado contra 22 personas por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La audiencia, que se suspendió el 14 de junio tras casi diez horas de diligencia, se realizará en el Complejo Judicial Norte de Quito.

El juez Renán Andrade, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, suspendió la audiencia el pasado sábado tras escuchar el dictamen acusatorio presentado por el fiscal Leonardo Alarcón, quien detalló los elementos de convicción que vinculan a 16 personas naturales y seis jurídicas en la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre los procesados se encuentran nombres como Javier Fernando V. H., Ricardo José C. A., Carolina del Rocío T. C., y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien estuvo presente en la audiencia.

Fiscalía presenta acusación y evidencia en el caso Triple A

El fiscal Alarcón expuso una serie de pruebas que, según la Fiscalía, demuestran la participación de los acusados en la comercialización ilegal de combustibles. La investigación señala que las irregularidades surgieron tras la firma de contratos entre la empresa Copedesa y Petroecuador, convenios que habrían permitido la distribución de combustibles a gasolineras sin la supervisión adecuada, facilitando la comercialización ilegal de hidrocarburos.

Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2024, Copedesa despachó 42,3 millones de galones de diésel a 21 estaciones de servicio. La Fiscalía presume que el combustible subsidiado fue desviado hacia segmentos no autorizados, lo que configuraría el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. El fiscal enfatizó que existió dolo directo con absoluta conciencia de los actos cometidos.

Detalles del proceso judicial

El caso Triple A inició el 16 de diciembre de 2024 con la instrucción fiscal contra varios individuos y empresas, entre ellas Fuelcorp S. A., Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A. e Indudiésel S. A.. Posteriormente, en abril de 2025, se vinculó al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, a otras diez personas naturales y a la empresa Harsajudi S. A.. Por su parte, la Fiscalía sostiene que las empresas investigadas mantuvieron relaciones con distribuidoras de combustible que comercializaron grandes cantidades de hidrocarburos de forma irregular.

El artículo 264 del COIP establece sanciones de dos a seis meses y penas de prisión de tres a cinco años para quienes almacenen, transporten, envíen, comercialicen o distribuyan ilegalmente productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles sin autorización o los desvíen a segmentos distintos a los autorizados.

Aquiles Álvarez no quiere usar grillete electrónico

Durante la audiencia, tres abogados defensores solicitaron la suspensión para que sus clientes pudieran pasar el Día del Padre con sus familias, petición que fue rechazada por el alcalde Álvarez y el fiscal Alarcón, quienes coincidieron en no dilatar el proceso. Además, el juez Andrade deberá revisar las medidas cautelares impuestas, incluyendo la solicitud del alcalde para retirar el grillete electrónico que debe usar.

Por otro lado, la Fiscalía también podría solicitar prisión preventiva para Álvarez debido al incumplimiento inicial de las medidas impuestas. El juez deberá decidir si el caso avanza a juicio tras la presentación completa del dictamen acusatorio y la respuesta de las defensas.

Impacto y seguimiento del caso

Es así que el caso Triple A representa un proceso judicial de gran relevancia por la presunta comercialización ilegal de combustibles en Ecuador. La audiencia preparatoria de juicio se considera un paso clave para esclarecer responsabilidades y sancionar a los implicados conforme a la ley.