La Fiscalía ecuatoriana acusa a Jorge Glas y otros ocho exfuncionarios de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.

Este lunes, la Fiscalía General del Estado acusó formalmente a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, y a otros ocho exfuncionarios por peculado. La audiencia se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia. El fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó el dictamen acusatorio. Se busca demostrar el mal manejo de fondos públicos destinados a la reconstrucción de Manabí.

La diligencia se instaló pasadas las 09h00 en la Corte Nacional de Justicia. El conjuez Marco Aguirre declaró que no existían vicios de nulidad en el proceso. Esto permitió avanzar a la fase de dictamen acusatorio contra los procesados.

El fiscal Wilson Toainga identificó a los nueve procesados como “autores directos” del delito de peculado. Los acusados incluyen a Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción; Walter Solís, exministro de Obras Públicas; y otros funcionarios clave. Para la Fiscalía, todos son responsables según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Cuáles serían las condenas para los implicados?

El delito de peculado implica que los servidores públicos abusen o dispongan arbitrariamente de bienes públicos. Las penas para este delito oscilan entre diez y trece años de prisión. La acusación sostiene que los fondos recaudados tras el terremoto fueron desviados hacia proyectos no prioritarios.

La Fiscalía argumenta que los acusados priorizaron obras que no respondían a las necesidades emergentes tras el terremoto de abril de 2016. Se afirma que estas decisiones llevaron a un uso indebido de recursos destinados a la reconstrucción. El dinero desviado podría alcanzar hasta 367 millones de dólares.

Toainga también mencionó que se evadieron procesos de contratación pública. Algunas obras beneficiaron a empresas relacionadas con familiares de los procesados. Este contexto ha generado un fuerte debate sobre la corrupción en la administración pública.

Glas expuso que lo han torturado

Durante la audiencia, las defensas presentaron observaciones sobre supuestas violaciones a derechos fundamentales. Glas alegó haber sido torturado durante su detención en abril pasado. El conjuez Aguirre dispuso iniciar una investigación sobre estas afirmaciones.

Glas argumentó que su papel como presidente del Comité de Reconstrucción no incluía ejecutar proyectos directamente. Sostuvo que las decisiones sobre financiamiento eran responsabilidad del Ministerio de Finanzas. Esta defensa plantea un desafío para la Fiscalía al intentar demostrar culpabilidad directa. La Corte Nacional de Justicia deberá decidir si los acusados irán a juicio tras revisar las evidencias presentadas por la Fiscalía. La situación es crítica para Glas y sus coacusados, quienes enfrentan un futuro incierto.

¿Qué dice un integrante del Comité Anticorrupción de Manabí?

Julio Villacreses, miembro del Comité Anticorrupción de Manabí, destacó que el delito de peculado no prescribe y que como tal el proceso debe avanzar. Sin embargo, agrega que lo más seguro es que los implicados busquen apelar hasta llegar a instancias internacionales.

Para Villacreces, “es saludable que el conjuez no haya dado paso al argumento de los acusados”. Agrega que aún no se puede hablar de justicia para Manabí porque hay que esperar la sentencia. Lo que sí aclara es que la sentencia no debe ser solo reparadora sino que se les debe declarar la “muerte política” a quienes cometieron actos de corrupción tras el terremoto del 16 de abril del 2016.

De acuerdo a Villacreses, las personas que se vean involucradas en actos de corrupción no pueden ejercer en la función pública. Sostiene que además de incautar los bienes de quienes hicieron mal uso de dinero público, ellos deberian devolver las placas de reconocimiento otorgadas por las autoridades manabitas.

Julio Villacreses señala que fueron 3 mil 500 millones de dólares los que se tenían destinados para reconstrucción y reactivación económica de Manabí, pero que esos fondos no llegaron al sector productivo ni a la gente que necesitaba de aayuda. Enfatiza que, además del caso Reconstrucción de Manabí, el Comité Anticorrupció también exige respuestas ante la construcción de la refinería del Pacífico, la cual no se concretó.