La Fiscalía General del Estado investiga a los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, y la consejera Nicole Bonifaz, por presunta asociación ilícita en el caso Ligados, iniciado el 24 de enero de 2025 en Quito, tras intentar ratificar a Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos, desoyendo una sentencia de la Corte Constitucional.
Origen del caso Ligados
El caso Ligados comenzó tras una denuncia de Roberto Romero von Buchwald, designado Superintendente de Bancos el 4 de diciembre de 2024 por el CPCCS. El 22 de enero de 2025, los exconsejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos (integrantes de la Liga Azul) y Nicole Bonifaz intentaron ratificar a Raúl González Carrión como Superintendente, interpretando una sentencia de la Corte Constitucional (CC) emitida el 5 de diciembre de 2024. Esta sentencia declaraba improcedente una acción de protección que impedía a González ejercer el cargo en 2022, pero aclaraba que no afectaba “situaciones jurídicas consolidadas” en nuevos procesos de selección.
El 24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó las oficinas del CPCCS en Quito, incautando dispositivos, incluido el celular de Verduga, tras la denuncia de Romero. La acción se basó en presunta usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de la CC. Ese mismo día, la CC aclaró que su sentencia no alteraba la designación de Romero, activando una fase de seguimiento para verificar su cumplimiento.
Implicaciones y reacciones en el caso Ligados
La Liga Azul, afín al movimiento Revolución Ciudadana, argumentó que la designación de Romero no estaba consolidada, ya que no había sido posesionado en la Asamblea Nacional. Verduga, en un post en X el 25 de enero de 2025, defendió que su decisión respetaba la sentencia de la CC y calificó el allanamiento como un “montaje” para proteger intereses bancarios, denunciando una violación al principio de mínima intervención penal.
El 27 de enero de 2025, los cuatro consejeros revocaron su decisión de ratificar a González, y la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta, posesionó a Romero como Superintendente. Sin embargo, la Fiscalía continuó la investigación, formulando cargos por asociación ilícita el 15 de marzo de 2025 contra Verduga, Franco Loor, Saltos y Bonifaz, según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión.
Nuevas vinculaciones y seguimiento
El 19 de mayo de 2025, la Fiscalía, bajo el fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó vincular a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González Carrión al caso Ligados por presunta asociación ilícita. La audiencia está programada para el 4 de junio de 2025 en la Corte Nacional de Justicia, extendiendo la instrucción fiscal hasta el 13 de julio de 2025. La Fiscalía basa su investigación en chats extraídos del celular de Verduga, que evidencian estrategias para influir en designaciones de autoridades.
El abogado Santiago Becdach, quien impulsó la destitución de la Liga Azul ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), exhortó el 20 de mayo de 2025 a la CC a pronunciarse sobre el cumplimiento de su sentencia. La CC aún no ha emitido un dictamen, lo que, según Becdach, genera dudas sobre su rol.
Contexto político y judicial
El TCE destituyó a Verduga, Franco Loor, Saltos y Vielka Párraga el 31 de enero de 2025 por infracciones electorales en 2023, al recibir apoyo indebido de la Revolución Ciudadana. Verduga, actualmente en México, enfrenta cargos como prófugo. La investigación del caso Ligados revela intentos de controlar instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, según la Fiscalía.
El CPCCS, encargado de designar autoridades como el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, ha sido centro de controversias por su influencia política. La CC y la Fiscalía continúan supervisando las acciones de los implicados, mientras el caso Ligados podría ampliarse con nuevas evidencias.
