La tarde de este miércoles 4 de junio del 2025, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, reinstaló la audiencia de vinculación contra Andrés Arauz, excandidato presidencial y actual secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana (RC); Esther Cuesta, exasambleísta de ese movimiento; y Raúl González, expostulante a la Superintendencia de Bancos, en el marco del caso Ligados, que ha generado gran expectativa en el ámbito político y judicial del país.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra estas tres personas por el presunto delito de asociación ilícita. Arauz, Cuesta y González se suman a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes ya enfrentan una investigación penal. Entre ellos destacan Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Nicole Bonifaz y Yadira Saltos, vinculados al mismo proceso.

En el caso de Raúl González, quien reside en Guayas, Daniella Camacho ordenó su presentación quincenal en la Corte Provincial de Justicia y le impuso la prohibición de salida del país.

Además, dispuso que Andrés Arauz y Esther Cuesta se presenten una vez al mes ante la Corte Nacional de Justicia, a partir del viernes 13 de junio. Según el expediente del caso Ligados, el excandidato presidencial se encuentra en México y la exasambleísta en Italia. Por lo tanto, la Fiscalía solicitó a la jueza que ordene su retorno al país. 

El caso Ligados investiga una presunta asociación ilícita conformada por exconsejeros del Cpccs y otras figuras vinculadas al movimiento político Revolución Ciudadana. La Fiscalía indaga cómo estos actores habrían integrado una estructura para copar cargos estratégicos en organismos de control del Estado.

La jueza Camacho informó que el plazo de la instrucción fiscal por presunta asociación ilícita se ampliará hasta el 13 de julio del 2025.

Caso Ligados: elementos que sustentan la vinculación

En la audiencia, el fiscal subrogante Wilson Toainga presentó los primeros elementos que sustentan la vinculación de los procesados. Entre las pruebas se encuentran mensajes y grabaciones obtenidas del teléfono de Verduga, en los que se detallan conversaciones con miembros de la Revolución Ciudadana. Estos chats evidencian una estructura política que operaba desde el Cpccs para tomar decisiones estratégicas en la designación de autoridades.

Uno de los hechos investigados consiste en la supuesta presión para posicionar a Raúl González como Superintendente de Bancos para el periodo 2022-2027. Además, se analiza un intento de retrasar la designación de nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, lo que habría buscado favorecer intereses políticos específicos.

Conversaciones clave y la supuesta manipulación de designaciones

Durante la audiencia, Toainga indicó que Andrés Arauz mantuvo conversaciones con Verduga sobre las designaciones en la Superintendencia de Bancos y en el Consejo de la Judicatura. En este último caso, según el fiscal, buscaban retrasar el nombramiento de los nuevos vocales para que el Gobierno de Luisa González pudiera enviar la terna correspondiente para la designación.

El fiscal sostuvo que Arauz planificaba y daba las instrucciones relacionadas con la gestión del Cpccs. Añadió que el Consejo se convirtió en “la sede de un partido político para captar espacios de poder”.

Rol de Esther Cuesta para posicionar a Raúl González

Respecto a Esther Cuesta, el fiscal argumentó que cumplió un rol clave para intentar posicionar a González en la Superintendencia de Bancos. Cuando ella presidía la Asamblea Nacional, se habría demorado la posesión de Roberto Romero, quien ya había sido designado para esa entidad.

Según la Fiscalía, Cuesta recibió una carta de Raúl González que pedía suspender el trámite, alegando que la designación de Romero violaba una sentencia de la Corte Constitucional. Con base en ese documento, Cuesta no convocó al Pleno para posesionar a Romero y, en cambio, envió una nueva consulta al Cpccs sobre a quién debía investir el Legislativo: a Romero o a González.

Defensa de Andrés Arauz y solicitud especial

Durante la audiencia, Gabriel Rivera, abogado de Andrés Arauz, solicitó que su representado pueda cumplir con la presentación periódica ante la justicia desde México, país en el que reside. Rivera mencionó como antecedente el caso Sinohydro, en el que el conjuez Bayardo Espinosa autorizó al expresidente Lenín Moreno y a su esposa a presentarse ante la Embajada de Ecuador en Paraguay.

Dado que Ecuador y México no mantienen relaciones diplomáticas, pidió que la presentación se realice ante la Embajada de Suiza en territorio mexicano. Además, Rivera señaló que Arauz tiene un hijo mexicano que estudia y reside en ese país, y que ha sido reconocido como refugiado.