El subteniente John Henrry Z. E. ha sido señalado como el principal responsable de las agresiones y la orden de abandonar a cuatro menores de edad en una zona rural de Taura, Guayas, en el caso Las Malvinas. Culminó con su desaparición y asesinato. Los menores, Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14 años), Saúl Arboleda (15 años) e Ismael Arroyo (15 años), fueron detenidos ilegalmente el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil y hallados carbonizados el 24 de diciembre. Las nuevas versiones, aportadas por cuatro militares bajo cooperación eficaz, comprometen al oficial y a otros tres uniformados,  informó Primicias. 

La investigación, liderada por la Fiscalía General del Estado (FGE), dio un giro tras la segunda reconstrucción de los hechos realizada entre el 27 y 28 de abril de 2025. Cuatro de los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) implicados, quienes cumplen prisión preventiva en Latacunga, decidieron colaborar, acusando al subteniente, un sargento, un cabo y un soldado de agredir a los menores. En especial a Steven, el menor de 11 años, quien habría sido golpeado con un cinturón. Según los testimonios, el subteniente ordenó trasladar a los menores a un área aislada de Taura, dos kilómetros al este de la cabecera parroquial, en lugar de entregarlos a la Policía.

Detalles de la colaboración eficaz

Uno de los soldados relató que, tras la detención en Guayaquil por una supuesta alerta de robo, sugirió dejar a los menores en el mismo sector. Sin embargo, el subteniente respondió: “No te preocupes, que yo tengo una hueca”, insinuando un plan premeditado para abandonarlos en Taura. A más de 40 kilómetros del lugar de detención. Esta versión contradice los testimonios iniciales de los 16 imputados. Ellos afirmaron que se dirigían a la unidad policial de Virgen de Fátima en Yaguachi, pero se desviaron por una supuesta alerta de desmanes.

Los colaboradores identificaron el punto exacto donde dejaron a los menores de Las Malvinas, una trocha donde se hallaron prendas de vestir, como una pantaloneta azul y una chompa parcialmente quemada. Estas serán periciadas para confirmar si pertenecían a las víctimas. Además, peritos de Criminalística buscaron un proyectil disparado cerca de Steven, sin éxito, y se ordenó extraer información de un celular de un familiar de un implicado. Allí podría estar un video del subteniente agrediendo a las víctimas. Cámaras de seguridad en el peaje Durán-Tambo captaron imágenes relevantes, que serán analizadas en una audiencia reservada.

Avances en la investigación

La instrucción fiscal por desaparición forzada concluye el 30 de abril de 2025, tras lo cual la FGE solicitará la audiencia preparatoria de juicio. Abraham Aguirre, abogado de las familias, confirmó que las nuevas versiones sugieren actos de tortura, con golpes en Taura y en el peaje Durán-Tambo. “Todas estas versiones deben ser contrastadas con los demás elementos de convicción”, señaló, destacando la importancia de validar las pruebas.

Otro elemento clave es el celular de Bryan A.A., alias Momo, capturado el 31 de marzo de 2025 por tenencia de armas en Naranjal. Un testigo vinculó a Momo, presunto miembro de Los Águilas, con la orden de secuestrar, asesinar e incinerar a los menores. La FGE ha solicitado extraer datos de su teléfono para esclarecer su rol, reportó Ecuavisa. 

Contexto de desapariciones forzadas

El caso Las Malvinas ha reavivado el debate sobre las desapariciones forzadas en Ecuador, en el contexto del conflicto armado interno. El Comité Permanente de Derechos Humanos, que representa a las familias, reporta al menos 33 víctimas, más nueve casos registrados por la Defensoría del Pueblo. Fernando Bastias, abogado del Comité, señaló que Ecuador figura entre los tres países con más denuncias de este tipo en un corto período, según un informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU.

Bastias denunció un patrón de operativos militares “clandestinos” en la Costa, sin respeto a procedimientos legales, y un “encubrimiento institucional” cuando la FGE solicita información. “La primera respuesta es negar que el operativo ocurrió”, afirmó. El Comité ha identificado al menos 15 casos no divulgados y solicita reforzar la unidad de Uso Legítimo de la Fuerza en Guayas, donde un solo fiscal maneja 20 casos.

Implicaciones y demandas

Los 16 militares, junto con un coronel vinculado por presunta complicidad, enfrentan cargos por desaparición forzada. Las familias exigen justicia y claridad sobre los hechos, mientras el caso pone en evidencia fallos en los protocolos de las Fuerzas Armadas.  Aguirre destacó que las prendas halladas serán mostradas a los padres para su identificación, un paso crucial para avanzar en el proceso.

El caso Las Malvinas, que ha conmocionado al país, subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las operaciones militares. Especialmente en zonas afectadas por la violencia. La FGE y las organizaciones de derechos humanos coinciden en que esclarecer este caso es fundamental para evitar la impunidad. Además, para garantizar justicia para las víctimas y sus familias.