La vivienda de una asambleísta de Potosí fue saqueada en un municipio de esta región boliviana, al parecer por campesinos para forzar su renuncia porque supuestamente votó en contra de la ratificación del gobernador regional, Omar Veliz.
El suceso ocurrió la noche del jueves cuando decenas de personas ingresaron por la fuerza a la casa de la asambleísta Miriam Vargas en el municipio de Macha, en el norte de Potosí.
"¿Qué queremos?, renuncia, ¿cuándo? ahora", gritaba la turba mientras varias personas sacaban muebles y otros objetos para arrojarlos a una fogata encendida en la puerta de la casa, según se ve en un par de videos difundidos en redes sociales.
También ha sido difundida una fotografía de la carta en la que Vargas renuncia a su puesto de asambleísta en representación de la provincia Chayanta, donde se encuentra Macha, "a los efectos de resguardar la seguridad" propia y de su familia.
Vargas dijo al diario El Potosí que el ataque a su casa se relaciona con presiones que recibió para votar por la ratificación de Veliz, en una sesión del Legislativo departamental realizada el pasado miércoles.
La asambleísta comentó que empezó a ser amenazada ante una versión, que desconoce de dónde salió, sobre que supuestamente no apoyaría al gobernador y lamentó que la agresión ocurriera pese a haber votado por Veliz y a haber renunciado a su puesto después.
Veliz y Vargas pertenecen al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales.
La Defensora interina del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, pidió a la Asamblea Legislativa de Potosí declarar ilegal la renuncia de Vargas, al considerar que se produjo en un contexto de acoso, violencia política y hostigamiento en contra de ella y sus familiares.
Cruz pidió proteger a la familia de la asambleísta, que hasta anoche se encontraba bajo el cuidado de vecinos del lugar, e indicó que se coordinó con representantes de la Iglesia católica para salvaguardarla de las agresiones, señala un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
"Cualquier acción que incite a cometer actos enmarcados en acoso y violencia política contra las mujeres es una flagrante violación de la normativa nacional que prohíbe y sanciona este tipo de actos que van en contra de las mujeres", sostuvo la funcionaria, que urgió a que "se inicien las acciones que corresponden para sancionar este hecho".
La Defensoría gestiona la llegada a Macha de su delegada en Potosí, Vilma Martínez, junto a funcionarios de la Gobernación y del Comando Regional de la Policía, en busca de pacificar el lugar y que haya un diálogo, agrega la nota.
Bolivia tiene desde 2012 una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, aunque no ha sido suficiente para acabar con este problema que afecta sobre todo a concejalas de municipios rurales. EFE
