La Cámara de Minería del Ecuador (CME) presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la reciente imposición de una tasa de supervisión y control minero. Según el sector, esta tasa resulta técnica, jurídica y económicamente inviable, afectando la fase de exploración minera y poniendo en riesgo la inversión formal en el país. La acción legal busca proteger el desarrollo sostenible de la minería legal en Ecuador y garantizar la seguridad jurídica del sector.

María Eulalia Silva, presidenta de la CME, aclaró que esta demanda no representa un ataque al Gobierno, sino una defensa de una industria estratégica. Enfatizó que la tasa debería haberse construido con criterios técnicos y la participación de los actores involucrados, evitando medidas que puedan desincentivar la formalización y el crecimiento del sector minero. La tasa de supervisión y control afecta directamente a la minería formal y podría fomentar la informalidad, advirtió la representante.

Fundamentación jurídica y económica de la demanda

El abogado Emilio Suárez explicó que la demanda se fundamenta en la falta de proporcionalidad de la tasa y su impacto para la industria minera. Solicitó a la Corte Constitucional que suspenda la aplicación de la norma para evitar daños irreparables al sector. La demanda exige el respeto a la Constitución y al estado de derecho, resaltando que el procedimiento para la creación de esta tasa no siguió los canales legales adecuados, como la presentación de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional.

Santiago Caviedes, de Humboldt Management, alertó que Ecuador se convierte en el país más caro de la región para la exploración minera debido a esta tasa. Esto representa una señal negativa para la inversión formal y el capital de riesgo, justo en un momento clave para atraer financiamiento. Sin exploración, no habrá desarrollo de la minería legal, lo que afectará la competitividad regional y el crecimiento económico del país.

Impacto en la pequeña minería y el componente social

Por su parte, Óscar Loor, de la Cámara Nacional de Minería, señaló que el impuesto pone en peligro las operaciones de mineros que pagan tributos. Esta medida podría fomentar la informalidad, contraria a los esfuerzos por formalizar el sector y generar empleo, tributos y bienestar para la población. Es así que la informalidad minera representa un riesgo para la sostenibilidad y legalidad del sector.

Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE), destacó el impacto social de la tasa. Señaló que muchas comunidades dependen exclusivamente de la minería legal como fuente de ingresos. La paralización de estas operaciones afectaría profundamente a familias enteras, con consecuencias sociales y económicas dolorosas. Por ello, el sector minero formal reitera su disposición a dialogar y construir soluciones técnicas, legales y sostenibles que permitan una fiscalización justa y proporcional.

Tasa de supervisión y control minero: montos

El cobro de la tasa minera comenzó en julio de 2025, y las empresas deben realizar el primer pago antes del 31 de julio. La normativa excluye a los titulares de concesiones para materiales de construcción y a la minería artesanal. Sin embargo, impacta a la mediana y gran minería en sus diversas fases: evaluación económica, exploración y explotación.

La tasa minera se calcula entre el 3% y el 100% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a $470 en 2025, por hectárea concesionada. Esto implica que las empresas mineras deben pagar desde $14,1 hasta $470 por hectárea, dependiendo del régimen y la fase del proyecto. La normativa establece pagos semestrales para mediana y gran minería, y anuales para la pequeña minería, mientras que la minería artesanal queda exenta.

Propuestas para un diálogo constructivo y soluciones sostenibles

Por último, el sector minero insiste en que la fiscalización debe aplicarse con criterios responsables y proporcionales, sin afectar la viabilidad económica de la minería legal. Finalmente la CME se mantiene abierta al diálogo con el Gobierno para buscar alternativas que garanticen la supervisión sin desincentivar la inversión ni poner en riesgo la formalidad del sector.