BanEcuador y la Cancillería ecuatoriana formalizaron un convenio que busca fortalecer la inclusión financiera de los migrantes ecuatorianos, tanto los que residen en el exterior como los retornados. La firma tuvo lugar en Quito, con la presencia de Francisco Miño, presidente de BanEcuador, y Gabriela Sommerfeld, canciller del Ecuador. Este esfuerzo conjunto responde a la necesidad de generar oportunidades económicas para una población clave en la economía nacional.
El paquete de inclusión financiera a migrantes, lanzado bajo la campaña “Más Cerca de Casa”, incluye tres productos específicos. Estos están diseñados para atender las realidades de los migrantes y facilitar su integración al sistema financiero ecuatoriano. Según BanEcuador, el acceso a estos servicios está disponible en las 168 agencias de la entidad a nivel nacional, desde abril de 2025.
La iniciativa surge en un contexto donde las remesas enviadas por ecuatorianos en el exterior alcanzaron USD 4,800 millones en 2024, según el Banco Central del Ecuador (BCE) en su informe de enero de 2025. Este flujo económico representa una oportunidad para canalizar recursos hacia actividades productivas en el país.
Productos financieros para la inclusión de migrantes
El convenio introduce tres opciones de financiamiento, detalladas por BanEcuador:
- Crédito Remesas: Permite a los migrantes acceder a préstamos productivos usando como respaldo el flujo de remesas recibidas desde el exterior.
- Crédito Migración Circular: Dirigido a ecuatorianos con movilidad laboral internacional, ofreciendo apoyo financiero para sus proyectos.
- Crédito Retorno: Brinda recursos a migrantes retornados, con un monto inicial de hasta USD 15,000, según necesidades, para su reintegración económica.
Mecanismo de acceso y alcance
Los migrantes pueden solicitar estos productos de inclusion financiera en cualquiera de las 168 agencias de BanEcuador distribuidas en las 24 provincias del país. El trámite requiere presentar la cédula de identidad y, para el Crédito Retorno, el Certificado de Migrante Retornado, emitido por la Cancillería, según información del Ministerio de Relaciones Exteriores. El proceso es gratuito y no exige historial crediticio, facilitando el acceso a quienes regresan al país.
Francisco Miño destacó en su discurso que el objetivo es transformar a los migrantes en actores económicos activos. En 2024, BanEcuador otorgó USD 1,4 millones en créditos a retornados, según Primicias en mayo de ese año, un antecedente que respalda esta nueva alianza. Por su parte, Gabriela Sommerfeld subrayó el compromiso del gobierno con los sectores vulnerables.
Contexto económico y migratorio
Ecuador alberga una diáspora significativa, con más de un millón de ecuatorianos viviendo en el exterior, principalmente en Estados Unidos y España, según el INEC en su reporte de octubre de 2024. Las remesas representan el 3,5% del PIB nacional, de acuerdo con el BCE en enero de 2025. Sin embargo, muchos retornados enfrentan dificultades para reintegrarse económicamente, un reto que este convenio busca abordar.
En 2024, el país recibió a 13.589 migrantes deportados desde Estados Unidos, según la Cancillería en enero de 2025. Este flujo resalta la necesidad de políticas que apoyen su reincorporación. El programa “Más Cerca de Casa” se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, que destina USD 300 millones a proyectos de inclusión, según el Gobierno.
La alianza también responde a la informalidad laboral, que afecta al 61% de la población activa en Ecuador, según el INEC en 2024. Al inyectar recursos de las remesas en la economía local, se espera dinamizar sectores como la agricultura y el comercio, especialmente en provincias como Manabí y Azuay, con alta migración.
El impacto del convenio entre BanEcuador y Cancillería se medirá en los próximos meses, pero ya marca un paso hacia la inclusión financiera de los migrantes ecuatorianos. Con acceso a las 168 agencias y productos adaptados a sus necesidades, los retornados y residentes en el exterior cuentan con herramientas para contribuir al desarrollo sostenible del país en 2025, un esfuerzo que comenzó a tomar forma en Quito el 1 de abril.
