La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional de Ecuador ha implementado un código de ética para sus miembros, tras dos meses en funciones y en medio de un escándalo por contrataciones de familiares de legisladores. Esta medida surge luego de que se hicieran públicas presuntas irregularidades, donde parientes de asambleístas del oficialismo fueron contratados en la Función Legislativa, generando cuestionamientos y llamados a una investigación profunda.
El origen del código ético
La polémica por el nepotismo en la Asamblea precipitó la elaboración de este código de ética para la bancada de ADN. Según el asambleísta de Azuay, Adrián Castro, parte del movimiento oficialista, el documento ya está listo. Castro detalló que la normativa establecerá parámetros de comportamiento que no necesariamente figuran en la Ley de la Función Legislativa. Esta iniciativa busca dar una respuesta a las acusaciones de contrataciones irregulares.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, publicó un listado de funcionarios desvinculados, revelando que una decena de cesados tenían relación familiar con legisladores del oficialismo. Entre los casos más sonados, el legislador de ADN, Dominique Serrano, tuvo a su hermano y a su madre laborando como asistente y asesora, respectivamente. Ambos renunciaron a sus cargos y sus dimisiones ya fueron aceptadas por las autoridades pertinentes.
Alcance y limitaciones del nuevo marco
El código de ética de ADN contempla la creación de un comité interno. Este comité será el encargado de procesar los casos que lleguen a su conocimiento, estableciendo un mecanismo de control dentro de la bancada. Sin embargo, es importante señalar que esta nueva normativa no podría aplicarse de forma retroactiva para sancionar a los actuales asambleístas que pudieron haber intermediado en la contratación de sus familiares antes de la entrada en vigor del código.
A pesar de esta limitación, el asambleísta Castro ha manifestado su acuerdo con aplicar “mano dura” contra todos los presuntos implicados en esta trama de nepotismo legislativo. Hasta la fecha, no existe una denuncia formal presentada ante el Comité de Ética de la Asamblea, a pesar de la gravedad de las acusaciones. La Ley de la Función Legislativa prohíbe a los legisladores gestionar cargos públicos, y la sanción por esta acción es la destitución de la Asamblea Nacional.
Posibles implicaciones legales
En el plano penal, la situación podría derivar en una investigación por un posible delito de tráfico de influencias y perjurio. Esto aplicaría si los exfuncionarios no comunicaron a tiempo que tenían familiares en la Función Legislativa, lo que implicaría ocultamiento de información relevante. La situación exige una respuesta clara y medidas contundentes para restaurar la confianza pública en el sistema.
