La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el 5 de junio de 2025 el informe para el segundo debate de la Ley urgente en materia económica para combatir las economías criminales, rebautizada como ‘ley de solidaridad nacional’. Los votos de los asambleístas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana respaldaron la aprobación, buscando fortalecer la lucha contra las estructuras delictivas en Ecuador.
Asamblea Nacional: segundo debate
La aprobación del informe para el segundo debate de la Ley de Economías Criminales representa un paso crucial en la agenda legislativa del gobierno de Daniel Noboa. El documento, que inicialmente se presentó como un proyecto económico urgente, experimentó modificaciones sustanciales durante su trámite en la Comisión de Desarrollo Económico. La inclusión de las bancadas oficialistas y de oposición, específicamente de la Revolución Ciudadana, destaca un consenso en torno a la necesidad de endurecer las medidas contra el crimen organizado.
Los legisladores correístas, David Arias, Mabel Méndez y Diego Salas, reconocieron que un gran número de sus recomendaciones se tomaron en cuenta. Esta colaboración sugiere un esfuerzo por construir una ley robusta. La mesa legislativa trabajó cuatro horas para procesar las recomendaciones hechas en el Pleno y los aportes de último momento.
Cambios relevantes en la propuesta
La propuesta original del presidente Daniel Noboa, enviada el 19 de mayo, sufrió importantes modificaciones por parte de la Comisión. La ley ahora consta de 25 artículos distribuidos en nueve capítulos. Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, detalló los cambios más recientes.
Un capítulo nuevo se enfoca en las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en zonas afectadas por el crimen. Los ministerios del gabinete social deberán desarrollar programas preferenciales para estas personas. Esto busca atender las consecuencias sociales del crimen organizado.
Endurecimiento de sanciones y depuración
Otro aspecto relevante de la Asamblea Nacional es el endurecimiento de las sanciones para delitos relacionados con el tráfico de combustibles y todo tipo de hidrocarburos. Las penas para este tipo de crímenes serán más rígidas. Además, se propone un indulto diferido para policías y militares por sus acciones dentro del conflicto interno. El presidente podrá anunciar el indulto, pero se seguirá todo el proceso legal y se hará efectivo con una sentencia.
Se plantean también medidas para la depuración de la fuerza pública. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán sometidas a evaluaciones disciplinarias y patrimoniales periódicas, cada seis meses. Centeno explicó que la pena por tráfico de combustible será de 22 a 25 años de cárcel. Si se determina que esos recursos financiaron o favorecieron a bandas criminales organizadas, la pena aumentará hasta 30 años.
Próximos pasos legislativos
Una vez que el informe fue aprobado, se remitirá al presidente de la Asamblea, Niels Olsen. Él distribuirá el documento al resto de los legisladores. Se prevé que el Pleno de la Asamblea Nacional se reúna la tarde del sábado 7 de junio para debatir y aprobar la ley. Este debate definirá el futuro de una legislación clave para la seguridad del país.
