La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Las Malvinas, programada para este jueves 10 de julio en la Unidad Judicial Sur – Valdivia de Guayaquil, fue suspendida. El juez Dennis Ugalde aceptó la solicitud de aplazamiento presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y los abogados de los 17 militares procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad. La nueva fecha tentativa para la diligencia se fijó entre el 10 y 11 de agosto de 2025, según fuentes judiciales.
La audiencia busca determinar si existen pruebas suficientes para llevar a juicio a los uniformados acusados de detener ilegalmente a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, cuatro menores de entre 11 y 15 años, el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil. Los adolescentes fueron trasladados a un camino rural en Taura, provincia de Guayas.
Nuevas evidencias en el caso Las Malvinas
Entre las pruebas más recientes destaca un video grabado por un teniente procesado, que muestra a los menores maltratados en un camino de tercer orden en Taura. La grabación, enviada por el militar a su hermana, fue extraída como evidencia tras una orden judicial. Además, una fotografía de una de las víctimas fue hallada en el teléfono de Bryan Vicente A.A., alias “Momo”, líder de la banda Las Águilas, detenido en marzo de 2025. Esta línea de investigación se desarrolla en un proceso paralelo por secuestro con resultado de muerte, a cargo de la FGE en Quito.
Cuatro militares se acogieron a la cooperación eficaz, revelando detalles sobre las agresiones. Según sus testimonios, un subteniente identificado como John Henrry Z.E. habría ordenado dejar a los menores en una zona rural. En el lugar se les habría propinado golpes, disparos al suelo y otras formas de maltrato. Estas declaraciones contradicen versiones iniciales de los uniformados, quienes afirmaron haber liberado a los menores tras una detención por una supuesta alerta de robo.
Contexto del caso y movilización ciudadana
El caso Las Malvinas ha generado indignación en Ecuador por las graves acusaciones contra los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La detención de los menores ocurrió en el marco de un patrullaje en la avenida 25 de Julio, tras una presunta denuncia de robo. Sin embargo, la FGE y organizaciones de derechos humanos cuestionaron el procedimiento. Los cuestionamientos señalan que los menores no fueron entregados a la Policía Nacional, como establece el protocolo, sino trasladados a más de 60 kilómetros de su lugar de residencia.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil convocó a una vigilia pacífica frente a la Unidad Judicial Sur para exigir justicia. Familiares de las víctimas, presentes en cada audiencia, han expresado su dolor y demandan celeridad en el proceso. Algunos portaban camisetas con los rostros de los menores y mensajes como “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Solicitud de revisión de medidas cautelares
Horas antes de la suspensión de la audiencia, la FAE solicitó la revocatoria de la prisión preventiva de los 16 militares detenidos desde el 31 de diciembre de 2024, argumentando que podrían enfrentar el proceso en libertad. Un decimoséptimo militar, un teniente coronel, fue vinculado posteriormente como presunto cómplice. Fernando Bastias, abogado del Comité de Derechos Humanos, calificó la solicitud como un intento de “encubrimiento institucional” .
La Fiscalía presentará en la próxima diligencia su dictamen acusatorio, basado en testimonios, pericias balísticas, análisis de llamadas y el material audiovisual. El juez Ugalde decidirá si los elementos son suficientes para llamar a juicio a los procesados y si se mantienen las medidas cautelares. Mientras tanto, las familias y la sociedad civil continúan exigiendo respuestas sobre los hechos que conmocionaron al país.
