La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el miércoles 4 de junio de 2025 el tratamiento del Proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública, una iniciativa calificada como urgente en materia económica, con el objetivo de optimizar los procesos de contratación pública en Ecuador y promover la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos estatales.
Ley de Gestión Pública
La Comisión de Desarrollo Económico recibió a diversos delegados para analizar el Proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública. Asistieron representantes de instituciones del Estado, de la industria automotriz y de la construcción, además de expertos en materia de compras públicas. El proyecto busca actualizar el marco legal para la contratación estatal, un sector que moviliza una parte significativa del Producto Interno Bruto del país.
El debate se centra en la innovación de la plataforma de compras públicas. María José Carvajal, subdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), destacó que esta reforma promoverá el escalado tecnológico del sistema. Subrayó, además, su enfoque hacia los datos abiertos, buscando que la herramienta responda a las necesidades actuales de contratación.
Carvajal indicó que esta iniciativa impulsa la creación de un sistema con información pública interconectada. Integrará inteligencia artificial y algoritmos para detectar alertas tempranas. Esto permitirá evitar actos de corrupción y direccionamiento en la adjudicación de procesos. La automatización propuesta evitará la discrecionalidad subjetiva del servidor público. Esto podría generar un ahorro aproximado del 15% del tiempo por proceso. La ejecución de procesos como las menores cuantías, con el sistema actual, excede el lapso óptimo de tiempo en tres o cuatro meses. Por ello, la reforma es necesaria y urgente.
Marco Morales, experto en contratación pública, hizo referencia a la pertinencia de los tiempos de implementación del nuevo sistema. Mencionó que se propone un plazo de 180 días para el cambio total, lo que podría ser restrictivo. Esto podría generar una vulneración a la ley por incumplimiento, advirtió Morales.
Impacto económico y transparencia
Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, destacó la calificación de urgencia económica del proyecto de ley. Explicó que la contratación pública del año 2024 superó los USD 8 mil millones de dólares. Esto representa alrededor del 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta inversión, a su criterio, podría encaminarse con mayor criterio. Se emplearían estándares y conceptos internacionales como el mejor valor por dinero.
Preocupaciones de la industria
David Molina y José Miranda, representantes de la industria automotriz y de la construcción, respectivamente, manifestaron su preocupación. Coincidieron en observar el riesgo relacionado al artículo 46 de la norma en estudio. Este artículo se refiere a la contratación de una mejor oferta por fuera del catálogo.
Molina advirtió que esta cláusula podría abrir la puerta a prácticas discrecionales y actos de corrupción en las entidades contratantes. Los invitados cuestionaron la posible fuga de información. Los funcionarios públicos podrían incurrir en ella para favorecer a oferentes externos al proceso inicial.
Una vez concluida la sesión, la asambleísta Valentina Centeno solicitó a los comparecientes que toda la información presentada sea remitida por escrito. Esta documentación se utilizará para su análisis y sistematización en el informe para el primer debate plenario.
