La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) se pronunció este jueves, 27 de marzo de 2025, en Quito, Ecuador, ante la solicitud del ministro del Interior, John Reimberg, de suspender la señal de telefonía móvil en las cárceles del país, argumentando que no es posible apagarla sin afectar a las comunidades cercanas.
Asetel informó que apagar la señal móvil en las cárceles, como lo exige el ministro Reimberg, no es factible en áreas donde coexisten centros penitenciarios con zonas residenciales y comerciales. Esto se debe a que cortar la señal afectaría a los habitantes y negocios cercanos, interrumpiendo sus actividades diarias. En su lugar, la asociación propuso herramientas técnicas que permitan restricciones específicas dentro de los límites legales y viables.
La asociación destacó que sus operaciones cumplen con estándares internacionales y deben coordinarse con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Ministerio de Telecomunicaciones, respetando la normativa vigente en Ecuador.
El ministro del Interior hizo una advertencia
El ministro John Reimberg, desde el pasado miércoles 26 de marzo, había advertido a las operadoras telefónicas que enfrentarán demandas si no cumplen con el pedido de cortar la señal en las cárceles. Según el ministro, estas zonas son consideradas de alta seguridad, y el Gobierno debe tener control total sobre ellas. “Hemos informado a las empresas a través del Ministerio de Telecomunicaciones, y si no acatan, haremos las demandas pertinentes”, afirmó Reimberg.
Esta solicitud surge en un momento en que el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles ha sido un problema recurrente en Ecuador. Autoridades han señalado que los dispositivos son utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios, como la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. El Gobierno busca implementar medidas para reforzar la seguridad y reducir estos incidentes, pero las operadoras enfrentan el desafío de cumplir sin afectar a la población externa.
Asetel subrayó su compromiso de colaborar con las autoridades, pero insistió en que cualquier acción debe realizarse dentro de un marco técnico y legal que no perjudique a los usuarios fuera de las cárceles.
