La asambleísta de Cotopaxi, Gissella Molina, presentó dos denuncias formales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la prefecta de la misma provincia, Lourdes Tibán. Estas acusaciones involucran violencia política de género y el presunto uso indebido de recursos públicos durante la campaña electoral. Molina, quien se ha mostrado firme en su postura, promete combatir lo que ella denomina «oligarquía indígena». La decisión de llevar estas denuncias ante el TCE subraya la gravedad de las acusaciones y la determinación de Molina de buscar justicia.  

Al salir del TCE, Molina detalló que la denuncia por violencia política de género se fundamenta en declaraciones que Lourdes Tibán habría realizado sobre la comunidad montuvia. «Incurrió en un nivel de discriminación a nosotros los montuvios por reclamar justicia y equidad para nuestros sectores, que todo el tiempo han estado abandonados», afirmó Molina. Según la asambleísta, Tibán la habría insultado con comentarios despectivos, instándola a «volver al monte» por su origen montuvio. Estas palabras, según Molina, no tienen cabida en el debate político y representan un ataque directo a su identidad y dignidad.

Acusaciones de discriminación contra Lourdes Tibán

Molina sostiene que la Prefectura de Cotopaxi ha estado bajo el control del movimiento indígena durante 25 años, pero, no obstante, en todo ese tiempo «no se ha hecho ningún acto de justicia». Además, denuncia que cualquier intento de alzar la voz se recibe como «persecución, discriminación, amenazas y amedrentamiento constante». La asambleísta cuestiona la legitimidad de lo que describe como una «oligarquía indígena», señalando que sus líderes, como la familia Iza, Guamán y Tibán, poseen niveles económicos comparables a los de los empresarios más ricos del país.  

La segunda denuncia presentada por Molina se centra en el supuesto uso de recursos públicos de la Prefectura de Cotopaxi para favorecer la campaña electoral de Álex Toapanta, futuro asambleísta de Pachakutik. Molina asegura que Lourdes Tibán brindó apoyo a Toapanta, quien, paradójicamente, también participó en la tarima de la Revolución Ciudadana. «Todo el tiempo supimos que esta oligarquía indígena ha gobernado con los gobiernos de turno y se posiciona de la mejor forma para seguir robándole a la provincia», declaró Molina. La asambleísta lamenta que, mientras tanto, la ruralidad de Cotopaxi siga abandonada, con altas cifras de campesinos afectados por las inclemencias naturales.  

Enfrentamientos previos y respuesta de Tibán

Este no es el primer enfrentamiento entre Gissella Molina y Tibán. En febrero de 2025, Lourdes Tibán anunció acciones legales contra Molina por «injurias» contra su administración. Molina había acusado a Tibán de otorgar contratos a una «estructura delincuencial» que operaría en la prefectura. Tibán negó estas acusaciones y respondió con dureza, exigiendo pruebas y defendiendo su gestión. La violencia política de género es un acto que no debe ser pasado por alto.

«Para topar a esta prefecta te me lavas el hocico porque yo si trabajo de cinco de la mañana a diez, once de la noche, pendeja», respondió Lourdes Tibán, quien le pidió pruebas de sus acusaciones. La asambleísta, sin embargo, se mantiene firme en sus declaraciones y promete continuar con la lucha contra la corrupción y la discriminación. La lucha contra la violencia política de género es una tarea que requiere valentía y determinación.

La situación actual en Cotopaxi refleja una profunda división política y social. Las acusaciones de Molina contra Tibán resaltan las tensiones existentes entre diferentes grupos y líderes políticos en la provincia. La resolución de estas denuncias por parte del TCE será crucial para determinar el futuro político de Tibán y para esclarecer las acusaciones de violencia política de género y uso indebido de fondos públicos.