La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó con ocho votos a favor y dos abstenciones el informe para el primer debate de la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, presentada por el presidente Daniel Noboa el 27 de mayo. Esta segunda ley urgente de su segundo mandato, que busca combatir la corrupción y modernizar la administración pública, será discutida en el Pleno en los próximos días. Esto, tras la reciente aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por la asambleísta Valentina Centeno, jefa de bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), incluye 18 artículos y 21 disposiciones que reforman el sistema de compras públicas y normativas como el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de la Contraloría y la Ley de Servicio Público. Según el Gobierno, la iniciativa apunta a erradicar la corrupción estructural, mejorar la eficiencia de los servidores públicos y garantizar que los bienes y servicios satisfagan las necesidades ciudadanas.
Alcances de la reforma en la Asamblea
La Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, actualizando principios, objetivos, financiamiento y mecanismos de control. Entre los cambios destacados está la obligatoriedad del Registro Único de Proveedores (RUP), la simplificación de procedimientos de contratación y la modernización de herramientas como el catálogo electrónico. Asimismo, la subasta inversa electrónica, la licitación y las ferias inclusivas. Los contratos y reclamos iniciados antes de la ley seguirán bajo la normativa vigente al momento de su suscripción.
El proyecto también introduce reformas a múltiples normativas, incluyendo la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y la Ley de Empresas Públicas. Además, ajusta la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional, limitando el indulto presidencial para miembros de las fuerzas del orden procesados por delitos. Entre estos el genocidio, tortura o desaparición forzada, pero permitiéndolo en casos de extralimitación en actos de servicio.
Durante el análisis en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Centeno, los legisladores discutieron la modernización de la administración pública, la transparencia, la inclusión de la economía popular y solidaria y las sanciones a adolescentes infractores. Centeno destacó que la ley promueve una “reforma transversal” para combatir la corrupción y optimizar los servicios públicos. Se incluyen disposiciones sobre evaluación del talento humano y sanciones por prevaricato a abogados.
Contexto político y legislativo
La aprobación del informe se produce en un contexto de celeridad legislativa. Tras el trámite de la Ley de Solidaridad Nacional, primera ley urgente de Noboa en su segundo mandato, iniciado el 24 de mayo. La Asamblea cuenta con una mayoría oficialista de 77 votos, respaldada por ADN y legisladores disidentes de otras bancadas. Es decir, que esto facilita la aprobación de proyectos del Ejecutivo. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), convocará al Pleno para el primer debate. Tras lo cual el proyecto retornará a la Comisión para un segundo informe antes de su aprobación definitiva.
Ecuador enfrenta desafíos significativos en la gestión pública, con un índice de percepción de corrupción que lo ubica en el puesto 115 de 180 países, según Transparencia Internacional (2024). La reforma de las compras públicas y el fortalecimiento de los controles buscan reducir irregularidades en un sector clave. Esto representa el 12% del PIB nacional, según el INEC (2024).
Próximos pasos
El Pleno de la Asamblea tiene 30 días para debatir y votar la ley. Por ello, se requieren al menos 77 votos de los 151 asambleístas para su aprobación. De no cumplirse el plazo, la ley entrará en vigor por el ministerio de la ley, conforme al artículo 140 de la Constitución. Tras el primer debate, la Comisión elaborará un segundo informe para el debate definitivo.
En conclusión, la Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública representa un esfuerzo clave del presidente Noboa para transformar la administración pública. Su avance en la Asamblea refleja el respaldo político del oficialismo y abre la puerta a reformas que podrían impactar la eficiencia del Estado.
