Asamblea Nacional deberá enviar nueva terna para Consejo de la Judicatura 2025-2031

El CPCCS, encargado de supervisar la designación de autoridades judiciales, requiere una nueva terna para continuar con la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura.
La Asamblea Nacional debe responder al pedido de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). FOTO: @AsambleaEcuador.
La Asamblea Nacional debe responder al pedido de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). FOTO: @AsambleaEcuador.
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Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

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Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó formalmente a la Asamblea Nacional el envío de una nueva terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) para el periodo 2025-2031, tras la anulación de la lista previa por el Legislativo. La decisión, anunciada este miércoles 11 de junio, responde a la moción aprobada el 5 de junio que dejó sin efecto la terna enviada el 13 de mayo. Esto, en medio de tensiones institucionales y críticas por presuntas irregularidades en el proceso.

El 5 de junio del 2025, la Asamblea, liderada por la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN), aprobó con 79 votos una moción presentada por el legislador Henry Bosquez, excorreísta y aliado del Gobierno, para anular la terna conformada por Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero. La decisión, que no incluyó debate y se tomó tras una rectificación del orden del día, generó cuestionamientos de la oposición, especialmente del correísmo, que denunció una vulneración a la seguridad jurídica.

Contexto de la controversia

La terna anulada fue enviada por el asambleísta Otto Vera (Partido Social Cristiano, PSC) el 13 de mayo, como una actualización de una propuesta de diciembre de 2024, tras la renuncia de uno de los candidatos originales. Bosquez argumentó que la selección se realizó “con desespero” por autoridades salientes y favorecía a una corriente política, aunque no presentó pruebas concretas durante su intervención. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, cerró el debate sin permitir mayor discusión, lo que intensificó las críticas.

Otto Vera rechazó la anulación, calificándola de ilegal. “La revisión de una resolución legislativa en estas condiciones no está contemplada en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo correcto era que el CPCCS devolviera la terna si encontraba irregularidades tras un análisis técnico”, declaró el asambleísta. La oposición, liderada por el correísmo, también señaló que el procedimiento violó normas legislativas, afectando la transparencia del proceso.

Proceso en curso

El CPCCS, encargado de supervisar la designación de autoridades judiciales, requiere una nueva terna para continuar con la selección de los vocales del CJ. Organismo responsable de administrar el sistema judicial ecuatoriano. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no ha precisado los criterios ni el cronograma para elaborar la nueva lista. La demora podría retrasar la renovación de las autoridades judiciales, previstas para asumir funciones en 2025 por un periodo de seis años.

Relevancia del Consejo de la Judicatura

El Consejo de la Judicatura es clave para garantizar la independencia y eficiencia del sistema judicial en Ecuador. Sus vocales supervisan la selección, evaluación y sanción de jueces, así como la gestión administrativa de la justicia. La designación de sus miembros es un proceso sensible, dado su impacto en la lucha contra la corrupción y la administración judicial. Según el artículo 179 de la Constitución ecuatoriana, la terna debe ser presentada por la Asamblea Nacional y evaluada por el CPCCS. Esta verifica la idoneidad de los candidatos.

La tensión entre el Legislativo y el CPCCS refleja desafíos en la coordinación institucional, en un contexto donde la justicia enfrenta cuestionamientos por su independencia. Mientras la Asamblea prepara una nueva terna, el CPCCS ha instado a acelerar el proceso para cumplir con los plazos establecidos y garantizar la continuidad del sistema judicial.

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