La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional inició el jueves, 31 de julio, el trámite para reformar la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Esta iniciativa responde a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso Furukawa, que identificó prácticas análogas a la esclavitud en sus haciendas. La reforma busca evitar que se repitan estos hechos y fortalecer la protección de los derechos humanos.

Proceso legislativo en marcha

La comisión legislativa ha comenzado el tratamiento de un proyecto de reformas que cuenta con el auspicio de la asambleísta Paola Cabezas. La propuesta de ley ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Este paso es crucial para dar inicio al debate formal en el pleno de la Asamblea.

La presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, confirmó que convocarán a la proponente para que exponga el contenido y alcance de sus reformas. El objetivo es escuchar de primera mano los detalles del proyecto. Además, se busca mejorar la calidad de las leyes vigentes.

La sentencia de la Corte Constitucional en el caso Furukawa estableció la existencia de servidumbre de la gleba. Este pronunciamiento obligó a la Defensoría del Pueblo a presentar un proyecto de reformas en un plazo de seis meses. Sin embargo, dicha propuesta no ha ingresado aún a la Legislatura.

Por esta razón, la comisión también citará a la Defensoría del Pueblo para que informe sobre el cumplimiento de la sentencia.

Impacto de la sentencia Furukawa en la reforma

El caso Furukawa es un punto de inflexión. La Corte Constitucional reconoció que la empresa mantuvo una práctica análoga a la esclavitud. Este hecho fue un llamado de atención sobre las fallas en la legislación actual. La reforma a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas busca llenar estos vacíos legales. El propósito es fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de estas prácticas. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana tiene la responsabilidad de garantizar una legislación robusta.

La asambleísta Cabezas lidera la propuesta que ahora se tramita. Su proyecto es el único calificado sobre la materia hasta ahora. La urgencia de la reforma radica en la necesidad de cumplir con la orden de la Corte. La legislación actual debe adaptarse para evitar que se repitan casos de explotación laboral. La Defensoría del Pueblo, por su parte, debe rendir cuentas sobre su propio proyecto. Su participación en la comisión será clave para enriquecer el debate.

Próximos pasos en la comisión

La presidenta Jaramillo indicó que se escuchará a ambas partes. La intención es tener una visión completa antes de tomar decisiones. La asambleísta Cabezas explicará sus propuestas. La Defensoría del Pueblo informará sobre sus avances.

La comisión busca asegurar que la reforma sea integral y efectiva. El objetivo final es proteger a las poblaciones vulnerables. Se espera que el tratamiento de las reformas avance con celeridad. La ciudadanía espera una respuesta clara y contundente por parte del Estado.