La aprobación de la Ley Orgánica de Inteligencia en la Asamblea Nacional este 10 de junio evidenció posturas divididas entre los representantes de la provincia de Manabí. La votación final registró 77 votos a favor, 66 en contra y 7 abstenciones, reflejando la diversidad política del país.
Los asambleístas de Manabí pertenecientes a Acción Democrática Nacional (ADN) apoyaron mayoritariamente la ley. Entre ellos, Besibell Mendoza Ibarra, Mario Amado Zambrano Vera, Valentina Centeno Arteaga y Diego Franco Hanze votaron a favor de la normativa. Esta bancada oficialista defendió la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, argumentando que permitirá anticipar y neutralizar amenazas que afectan la seguridad integral del Estado.
Por otro lado, los legisladores de Manabí que representan a Revolución Ciudadana (RC) optaron por votar en contra. Guido Mendoza, Bertha Vélez, Lenin Barreto Zambrano, Fernando Cedeño, Gabriela Molina y Jaime Estrada rechazaron la ley, manifestando preocupaciones sobre posibles riesgos para los derechos humanos y el alcance de las facultades otorgadas a los organismos de inteligencia.
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Argumentos sobre la ley debatida en la Asamblea Nacional
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, destacó que la ley respeta los derechos humanos y establece controles democráticos sobre las acciones de inteligencia. Sin embargo, sectores de la oposición, incluidos los legisladores de RC, expresaron reservas sobre la posible vulneración de garantías constitucionales.
La votación en la Asamblea Nacional mostró también la división de otros bloques políticos. Mientras ADN y algunos independientes respaldaron la iniciativa, el Partido Social Cristiano se abstuvo y la mayoría de Pachakutik y Revolución Ciudadana votaron en contra.
El resultado refleja un escenario político donde la seguridad nacional se convierte en un tema de debate intenso, con diferentes visiones sobre el equilibrio entre protección estatal y respeto a los derechos fundamentales.
Impacto para Manabí y el país
La participación de los asambleístas de Manabí en esta votación evidencia la pluralidad de opiniones dentro de la provincia. La Ley de Inteligencia, ahora en manos del Ejecutivo para su sanción, busca fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar amenazas internas y externas.
No obstante, el debate continúa abierto en la sociedad ecuatoriana sobre los límites y alcances de esta normativa, especialmente en lo que respecta a la protección de las libertades civiles y el control democrático de los sistemas de inteligencia.
La Asamblea Nacional, a través de esta votación, reafirma su papel como espacio donde convergen distintas posturas políticas, reflejando la complejidad del contexto nacional y regional en materia de seguridad.
