La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional con un respaldo mayoritario de 84 votos afirmativos. Esta ley, enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, busca establecer medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de mafias, proteger a la población civil, fortalecer las fuerzas del orden y reactivar económicamente las zonas afectadas por la violencia. La aprobación se dio diez días antes del plazo límite.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional representa la primera norma de la actual administración presidida por Niels Olsen. Entre sus disposiciones clave, incluye incentivos para la reconstrucción social y productiva, atención prioritaria a víctimas y acciones para prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados. La normativa también contempla un incremento de penas por el delito de pertenencia a un grupo armado organizado y adecuaciones al régimen de rehabilitación social, con un enfoque en la protección y reparación de personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado.
Respaldo a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional
Durante el debate legislativo, la asambleísta Valentina Centeno destacó que los ecuatorianos exigen mano dura contra el crimen organizado. Señaló que la respuesta contundente debe venir no solo de las fuerzas del orden, sino también de los operadores de justicia, jueces y fiscales, quienes deben estar alineados en la lucha contra el narcoterrorismo que emprenden el Ejecutivo y el Legislativo. Esta ley refleja un compromiso con la justicia, la democracia y la seguridad del Ecuador.
La Asamblea Nacional envía un mensaje claro con la aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional: el país está unido frente al crimen organizado. La ley fortalece el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ratificando la voluntad política de actuar sin dilaciones ni divisiones ante una amenaza que pone en riesgo la seguridad, la economía y la vida de los ecuatorianos. Además, se establecen regímenes especiales en el ámbito tributario y penal para desarticular las estructuras económicas del crimen organizado.
Medidas fiscales y penales para combatir el crimen organizado
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional incluye medidas fiscales como la posibilidad de que empresas privadas donen hasta el 30% del impuesto a la renta en bienes a favor de las fuerzas del orden, bajo supervisión del Servicio de Rentas Internas (SRI). También contempla incentivos económicos para apoyar a sectores vulnerables y reactivar la economía en zonas afectadas por la inseguridad. En el ámbito penal, tipifica el delito de pertenencia a un grupo armado organizado con penas de 22 a 26 años, y hasta 30 años en casos de liderazgo o financiamiento.
Asimismo, la ley establece un procedimiento penal especial para delitos vinculados al conflicto armado interno, ampliando el plazo de juzgamiento a 90 días y asignando la causa a jueces especializados. La prisión preventiva se considera una medida excepcional, reemplazada por la aprehensión de hasta 48 horas. Se excluyen medidas cautelares para policías y militares que actúen dentro del conflicto, bajo control judicial posterior. También se contempla la posibilidad de indultos anticipados para miembros de las fuerzas del orden.
Asamblea Nacional: protección a víctimas del conflicto armado
El proyecto reconoce la necesidad de proteger y atender prioritariamente a la población civil afectada por el conflicto armado interno. Busca garantizar que las víctimas accedan efectivamente a sus derechos, promoviendo su reparación integral e inclusión en políticas públicas con enfoque de dignidad. Estas medidas fortalecen la solidaridad nacional y la cohesión social en zonas afectadas por la violencia.
Con esta ley, Ecuador da un paso decisivo para enfrentar el crimen organizado desde múltiples frentes: legal, fiscal, social y de seguridad. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional refleja la voluntad política y social de proteger a la ciudadanía y reactivar las zonas golpeadas por la violencia.
