Según estimaciones previas al censo del 2022, validadas por el MIDUVI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el déficit total de viviendas en Ecuador supera los 2.7 millones de unidades.
El déficit habitacional en Manabí y Ecuador sigue creciendo, afectando a miles de familias que enfrentan viviendas en mal estado. En medio de la crisis económica, la falta de créditos y la escasa oferta de viviendas nuevas agravan la situación.
En Manabí el déficit estimado es del 25% de las viviendas, miles de hogares viven en condiciones precarias. El problema también se refleja en el deterioro de las viviendas y la falta de servicios básicos, mientras las tasas de interés para créditos hipotecarios dificultan el acceso a una solución.
La realidad de Manabí
Según el censo de 2022, la provincia cuenta con 593.226 viviendas para una población de 1.592.840 habitantes. Del total de casas más del 50% están en malas condiciones o requieren mejoras significativas. Este deterioro afecta principalmente a las zonas rurales y las periferias urbanas en Portoviejo, Manta y Chone, donde la falta de mantenimiento y los materiales precarios empeoran la situación.
El déficit habitacional en Portoviejo y Manta
La capital de Manabí, Portoviejo, concentra una gran parte de la demanda de vivienda, con un déficit estimado de entre 12.000 y 15.000 unidades. Este déficit, que representa entre el 15% y el 20% de los hogares, se ve agravado por la calidad de las viviendas, especialmente en zonas como Picoazá, donde el hacinamiento es evidente. Más del 40% de las viviendas en la ciudad presentan serios problemas estructurales, lo que refleja una necesidad urgente de inversión en la mejora de infraestructuras y en la construcción de nuevos hogares.
Por otro lado, Manta, una ciudad clave para el desarrollo económico y turístico de Ecuador, enfrenta un déficit menor, alrededor del 10% al 15% de los hogares, lo que equivale a unas 6.000 a 8.000 unidades. Sin embargo, el déficit cualitativo o la calidad de las construcciones, es igualmente preocupante, ya que más del 30% de las viviendas necesitan mejoras. Barrios como Los Esteros enfrentan problemas de hacinamiento, mientras el costo de los alquileres sigue siendo un obstáculo para las familias de bajos recursos.
El impacto de las tasas de interés en la accesibilidad a la vivienda
A marzo de 2025, las tasas de interés para créditos hipotecarios varían según el tipo de préstamo y la entidad financiera. Los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP), que son subsidiados por el gobierno, ofrecen una tasa fija de 4,99% anual para viviendas nuevas con precios ajustados al salario básico unificado, lo que facilita el acceso a muchos hogares de escasos recursos.
Sin embargo, los créditos hipotecarios tradicionales, fuera de estos programas, tienen una tasa promedio de 10,96% anual, lo que complica aún más la adquisición de viviendas para quienes no pueden acceder a los beneficios del subsidio estatal.
En 2024, el BIESS experimentó una disminución significativa en la colocación de créditos hipotecarios, con 537,5 millones de dólares en comparación con los 587,7 millones de dólares del 2023. Esta caída refleja una tendencia más amplia en la que, aunque los créditos hipotecarios siguen siendo una parte importante de la oferta financiera del BIESS. Los créditos quirografarios están tomando un papel más predominante. Para 2025, el BIESS tiene previsto colocar un total de 5.156 millones de dólares, de los cuales 4.501 millones estarán destinados a créditos quirografarios. Esta diferencia, que representa casi el 87% del total proyectado, destaca el enfoque creciente en préstamos personales para consumo, en lugar de para la adquisición de viviendas, con la expectativa de aprobar 2,7 millones de operaciones de este tipo. De esta forma se proyecta dar en créditos hipotecarios unos 533,9 millones de dólares en 2025 para afiliados y jubilados.
La construcción de vivienda y la obra pública en crisis
La situación económica de Ecuador no facilita la solución al déficit habitacional. En 2024, la inversión en obra pública fue de 689 millones de dólares, una cifra inferior en 73 millones de dólares respecto al año anterior. Esta contracción afecta la capacidad del gobierno para financiar nuevos proyectos de viviendas, mientras que la industria de la construcción depende en gran medida de las inversiones públicas. La falta de proyectos de infraestructura también limita el crecimiento del sector privado, que solo construye unas 40.000 viviendas al año, muy por debajo de la demanda real.