Según el comunicado oficial de la Armada, esta no es la primera vez que el cabo Pedro Javier Ch. enfrenta problemas con la justicia. En mayo de 2022, también enfrentó un proceso judicial, pero obtuvo un dictamen de sobreseimiento a su favor ese mismo año. Esto le permitió regresar a la institución.
Sin embargo, su detención en la operación “Tormenta 24” sugiere que pudo reincidir en actividades al margen de la ley. Aunque aún las autoridades no especifican los cargos.
La Armada del Ecuador señaló que cualquier miembro que se aleje de los principios de la institución, sin importar su rango, enfrentará procesos administrativos y disciplinarios, además de las acciones legales.
Asimismo, la institución se comprometió a colaborar con las autoridades competentes para facilitar la investigación. La detención de Pedro Javier Ch. no es un caso aislado. Entre 2024 y 2025, varios miembros de las Fuerzas Armadas fueron arrestados. Todos investigados por una presunta vinculación con bandas criminales y actividades delictivas.
Esto en un contexto de creciente influencia del crimen organizado en Ecuador, especialmente relacionado con el narcotráfico.
El operativo “Tormenta 24” lo ejecutó el Bloque de Seguridad
Enero de 2024: Durante las operaciones militares desplegadas tras la declaración de “conflicto armado interno” por el presidente Daniel Noboa, se reportaron casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
Según investigaciones de Insight Crime, bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos tiene vínculos con militares corruptos. Esto les permite obtener armas y facilitar el tráfico de drogas. Aunque no se especificaron nombres, se señaló que oficiales militares participaban activamente en estas redes, lo que llevó a detenciones internas.
Marzo de 2024: El 4 de marzo, doce magistrados y políticos fueron detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esta operación también salpicó a miembros de las Fuerzas Armadas.
En el domicilio de un exdiputado, encontraron armas de fuego, lo que llevó a investigaciones sobre la posible complicidad de militares en la provisión de armamento a grupos criminales.
Octubre de 2024: Un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas en Durán, similar al de “Tormenta 24”, resultó en la detención de un militar por su presunta colaboración con la banda Los Tiguerones.
Otros casos de militares detenidos
Según reportes policiales, este militar facilitaba información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad a cambio de sobornos. Esto según las investigaciones permitió a la banda evadir operativos.
Febrero de 2025: Amnistía Internacional reportó la desaparición de 23 hombres en las provincias de Los Ríos, Esmeraldas y Guayas, tras operaciones militares a lo largo de 2024.
Familiares y testigos señalaron a miembros del ejército como responsables, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe en 2025 sobre 27 posibles casos de desaparición forzada por parte de fuerzas del Estado.
