El 25 de marzo de 2025, en Loja, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia de 29 años y cuatro meses de prisión. A Carlos Alberto S. Lo declararon culpable de violar a su hija de 15 años. Ocurrió el 3 de marzo de 2020 en la parroquia El Cisne.
Un delito que intentó ocultar hasta que la víctima lo denunció con apoyo de su colegio. El crimen ocurrió en la vivienda familiar de la parroquia El Cisne, cantón Loja. La madre de la adolescente se ausentó por labores agrícolas.
Carlos Alberto S., padre biológico de la víctima, aprovechó la soledad de la menor para violarla y luego le exigió guardar silencio, anunció la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, días después, la joven, decidida a buscar justicia, contactó a su tío. A él le anunció su intención de denunciar y pidió que se reunieran. Se encontraron en la Terminal Terrestre de Loja, advirtiéndole que no alertara a sus padres.
El violador, al interceptar la conversación entre el tío y la madre, intentó manipular la situación. Él contactó a un profesor del colegio de su hija para disuadirla. Esta acción levantó sospechas en el docente, quien, al conversar con la menor, descubrió la agresión.
Hubo ayuda del colegio en el que estudiaba
Junto a la rectora del plantel, presentaron la denuncia ante la Fiscalía, desencadenando la investigación que culminó en la condena del responsable.
Durante la audiencia de juzgamiento la fiscal presentó el testimonio anticipado de la víctima, quien relató con detalle la violación y señaló a su padre como el perpetrador.
Este relato estuvo respaldado por los testimonios de la madre, el tío, y los funcionarios educativos que intervinieron. Además, se incluyeron el informe médico-legal, que confirmó las lesiones, y el análisis del perito psicólogo.
Con esto se diagnosticó a la menor con trastorno de estrés postraumático agudo. El informe de trabajo social y la inspección del lugar de los hechos completaron las pruebas que el Tribunal consideró irrefutables.
Todo ocurrió en la parroquia El Cisne, en Loja
Con ello, se comprobó la violación. El Tribunal de Garantías Penales acogió la tesis de la Fiscalía. Este dictó una pena de 29 años y cuatro meses. Una pena cercana al máximo previsto para el delito de violación con agravantes, según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal.
Además, ordenó el pago de una reparación integral de 10 mil dólares a la víctima, mientras que la multa específica se detallará en la sentencia escrita.
La severidad del fallo refleja la gravedad del caso y el parentesco directo entre agresor y víctima. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 2023, el 34% de las mujeres reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en su vida. En muchos casos los agresores son familiares cercanos.
