Subsecretarios del Ministerio de Economía y Finanzas explicaron una reforma legal que busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Los subsecretarios Daniela Contento y Pablo Albán presentaron sus observaciones. La exposición ocurrió durante la sesión No. 003 de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. La sesión se realizó en el marco del tratamiento del proyecto de ley. Se busca modificar la ley actual que asigna rentas por la venta de energía eléctrica a diversas provincias.
Toachi-Pilatón: proyecto
La Comisión de Régimen Económico y Tributario recibió a los subsecretarios del Ministerio de Economía y Finanzas, Daniela Contento y Pablo Albán. Ellos participaron en la sesión No. 003 de la Comisión. El propósito fue analizar el proyecto de ley. Este proyecto busca incluir a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en las regalías de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. La iniciativa propone una reforma a la ley existente. Dicha ley asigna rentas por la venta de energía eléctrica a varias provincias del país.
Según la propuesta, las asignaciones de recursos económicos provendrían de las operaciones de centrales hidroeléctricas. Estas centrales incluyen Paute, Pisayambo, Agoyán y Toachi-Pilatón. Las provincias beneficiadas serían Azuay, Cañar, Morona Santiago, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. El monto correspondería al 5 % de la facturación total. Esta facturación la genera la venta de energía eléctrica. La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, realiza esta venta.
Observaciones constitucionales y financieras
La subsecretaria Daniela Contento recordó el artículo 274 de la Constitución. Este artículo establece el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados a participar de las rentas estatales. Estas rentas deben provenir de la explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios. Contento señaló que la propuesta hace referencia a la “facturación total generada por la venta de energía eléctrica”. Esto podría contradecir la Constitución. Por ello, se necesita una revisión integral del proyecto.
Por su parte, el subsecretario Pablo Albán advirtió sobre el incremento del gasto público. Tal como está planteada, la reforma aumentaría el gasto público. Sin embargo, no cuenta con una fuente de financiamiento. Albán explicó que los ingresos del sector eléctrico son autónomos. No están vinculados al Presupuesto General del Estado. Añadió que la propuesta “duplicaría una asignación de recursos”. Esta asignación ya se contempla en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Ampliación de beneficios y requerimientos de información
Durante la sesión, la legisladora Mónica Alemán propuso ampliar los beneficios. Sugirió considerar también a las provincias de Pichincha y Cotopaxi. En esa misma línea, el asambleísta José Vallejo coincidió. Él enfatizó la necesidad de ampliar los beneficios según la Constitución. Por otro lado, Hernán Zapata sugirió presentar un cuadro comparativo de posibles montos. Este cuadro debería considerar tanto las rentas como las ventas.
Para concluir, la legisladora Liliana Durán consultó la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. La pregunta se centró en el reconocimiento y compensación a las provincias. Aquellas provincias han sido excluidas de los beneficios por proyectos hidroeléctricos. Al cierre de la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, Nathaly Farinango, solicitó información. Ella pidió a los delegados del Ministerio remitir los requerimientos de información sobre este tema.
