Alcaldes de Ecuador exigen al Gobierno Central pago urgente de asignaciones atrasadas durante firma de convenios

En un evento de firma de convenios, alcaldes ecuatorianos demandaron al Gobierno el desembolso inmediato de fondos adeudados, cruciales para la gestión local.
Alcaldes de Ecuador exigen al Gobierno Central pago urgente de asignaciones atrasadas durante firma de convenios
El evento se vio marcado por la firme postura de los alcaldes ante la crítica situación financiera que atraviesan sus administraciones.
Alcaldes de Ecuador exigen al Gobierno Central pago urgente de asignaciones atrasadas durante firma de convenios
El evento se vio marcado por la firme postura de los alcaldes ante la crítica situación financiera que atraviesan sus administraciones.

María Avilés

Redacción ED.

María Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

Durante la firma de convenios no reembolsables entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y 33 municipios del país, realizada en la Universidad Ecotec de Guayaquil, varios alcaldes, liderados por José Intriago (alcalde de Junín) y Patricio Maldonado (presidente de la AME), exigieron al Gobierno Nacional el pago urgente de aproximadamente USD 543 millones en asignaciones atrasadas correspondientes a los años 2023 y 2024, situación que impacta gravemente la operatividad de los gobiernos locales.

Alcaldes de Ecuador se pronunciaron

El evento, que tenía como objetivo formalizar la entrega de USD 1.320.000 en recursos no reembolsables a 33 municipios y la distribución de insumos cartográficos a seis cantones para fortalecer la planificación territorial, se vio marcado por la firme postura de los alcaldes ante la crítica situación financiera que atraviesan sus administraciones debido a los retrasos en las transferencias de fondos por parte del Gobierno central.

José Intriago, alcalde de Junín, fue el primero en alzar la voz durante su intervención. Dirigiéndose directamente a Patricio Maldonado, presidente de la AME, solicitó que se haga llegar al Gobierno la urgencia de la situación. Intriago denunció un supuesto trato desigual hacia aquellos municipios que no se alinean con la postura oficialista.

Según sus declaraciones, el municipio de Junín, con 30.000 habitantes, acumula un impago de tres meses, lo que representa una deuda cercana al USD 1 millón. El alcalde manifestó su frustración ante lo que percibe como una desconexión entre el discurso conciliador del Gobierno y la realidad que enfrentan los municipios en la práctica.

Respaldan demandas

Patricio Maldonado, presidente de la AME y alcalde de Nabón, respaldó las demandas de sus colegas. Explicó que la deuda total del Gobierno con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) asciende a aproximadamente USD 543 millones. Esta cifra incluye asignaciones correspondientes al modelo de equidad territorial y valores pendientes de los ejercicios fiscales 2023 y 2024.

Maldonado enfatizó las graves consecuencias de estos retrasos, señalando la imposibilidad de pagar salarios, mantener servicios básicos como el agua potable, cumplir con proveedores y ejecutar obras públicas esenciales para el desarrollo de sus comunidades. En el caso específico de su cantón, Nabón, se adeudan los pagos de marzo y abril, superando los USD 500.000.

A pesar de la contundencia de los reclamos, Maldonado se mostró cauto al señalar que, desde su experiencia, los retrasos no siempre responden a motivaciones políticas. Afirmó conocer casos de alcaldes de diferentes partidos políticos al oficialismo que sí han recibido sus asignaciones, sugiriendo que las razones de los impagos podrían ser de otra índole. Sin embargo, la preocupación generalizada entre los alcaldes presentes era evidente.

Voces de protesta

Jonatan Toro, alcalde de Montecristi, se sumó a las voces de protesta, detallando que el Gobierno central mantiene una deuda de USD 2,8 millones con su municipio, correspondientes también a tres meses de asignaciones. Toro advirtió sobre el impacto negativo de esta situación en las arcas fiscales y la planificación municipal. Si bien consideró que la politización de los pagos podría ser relativa, insistió en la necesidad de dialogar con firmeza para garantizar la recepción de los recursos que por ley les corresponden a los municipios.

El evento, más allá de los reclamos, también sirvió como plataforma para la entrega formal de recursos destinados a impulsar el desarrollo local. Los USD 1.320.000 en fondos no reembolsables se distribuyeron entre 33 municipios de diversas provincias del país. Estos recursos buscan apoyar iniciativas locales y fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos autónomos.

Adicionalmente, se entregaron insumos cartográficos a seis cantones. Esta herramienta es fundamental para mejorar la planificación y el ordenamiento territorial, así como para una gestión más eficiente del suelo y la prevención de riesgos naturales. La disponibilidad de información geográfica actualizada y precisa es crucial para la toma de decisiones informadas a nivel local.

Becas culinarias

Finalmente, como parte de una agenda que busca promover el desarrollo integral de las comunidades, se otorgaron becas culinarias. Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos por impulsar la capacitación y el desarrollo de habilidades en diversos sectores, contribuyendo así al crecimiento económico y social de los territorios.

A pesar de los avances en la entrega de convenios y recursos específicos, la sombra de la deuda pendiente ensombreció el evento. Los alcaldes presentes dejaron en claro la urgencia de que el Gobierno central cumpla con sus obligaciones financieras para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y la ejecución de proyectos que benefician directamente a la ciudadanía.

La falta de estos recursos genera incertidumbre y dificulta la gestión eficiente de los municipios, afectando la calidad de vida de miles de ecuatorianos. La exigencia de los alcaldes resuena como un llamado de atención a la necesidad de una gestión fiscal transparente y oportuna que respete la autonomía de los gobiernos locales y asegure el bienestar de la población.

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