Alberto acosta destaca que hace falta alzar la mirada y entender que los días del petróleo están contados.
Las cifras de producción de petróleo no son alentadoras. Han caído hasta en un 55 % por problemas de erosión.
Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas de Ecuador, cuestionó que la meta de los 500 mil barriles proyectados para el año pasado no se haya cumplido.
¿Cómo califica la actividad petrolera en el 2021?
Para empezar, el Gobierno no alcanzó los 500 mil barriles propuestos para fin del 2021. Y la ampliación de la extracción -conste que no hablo de producción, porque el petróleo o los minerales no se producen, solo se extraen- tendrá que enfrentar una compleja realidad geológica y también social. Por un lado, los yacimientos en fase de explotación están llegando al límite por su normal declinación, y los potenciales nuevos yacimientos serán de poca cantidad y de baja calidad. Por otro lado, la justificada resistencia de las comunidades amazónicas aumenta a partir de su mejor organización alimentada por la dolorosa experiencia con las actividades petroleras. Como complemento de la aspiración gubernamental expuesta, cabe destacar la decisión del Gobierno para impulsar las privatizaciones en el sector de los hidrocarburos. Por ejemplo, la Refinería Estatal de Petróleo, las infraestructuras de transporte y comercialización, incluyendo las gasolineras de Petroecuador, están en la lista de delegaciones, concesiones o monetizaciones, eufemismos para intentar ocultar lo que de hecho serán privatizaciones. Este masivo intento privatizador, que incluye a varias empresas del sector público, ya estuvo presente en el gobierno del presidente Correa en el año 2016.
En el Gobierno anterior se eliminaron los subsidios a los combustibles, ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Sin duda alguna, las presiones derivadas del servicio de la deuda pública, particularmente externa, explican esta decisión. Esta política carece de una visión integral, pues faltan elementos sociales, productivos, ecológicos e inclusive energéticos.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo que el pronóstico era que el petróleo y el gas representen más del 50 % de la combinación energética global en 2045; ¿Cómo afectaría a Ecuador?
En Ecuador nos falta alzar la mirada y entender que los días del petróleo están contados. No solo que se trata de un recurso no renovable y que sus reservas declinan, sino que hay claros límites ambientales y que, inclusive, ya hay señales sólidas en el cambio de preferencias en la demanda de los energéticos.
Es cada vez más evidente que las emisiones generadas por transformar esos recursos son en gran medida responsables del colapso ecológico que vivimos. Tan es así, que la propia Agencia Internacional de la Energía anunció, ya en el año 2012, que es indispensable dejar en el subsuelo los dos tercios de todas las reservas probadas de combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas- si no queremos que supere en 2 grados el incremento de temperatura global al año 2050. Estas cifras han sido recientemente afinadas, como se puede leer en la revista Nature, publicada en septiembre del 2021: el 89 % de las reservas conocidas del carbón, 58 % del petróleo y 59 % del gas deben permanecer en el subsuelo si no queremos que la temperatura del planeta supere el 1,5 grados centígrados. Dicho esto, para el año 2045, además, Ecuador ya habrá dejado de ser un país exportador de petróleo.
¿Cuáles serían las soluciones?
En primer lugar hay que sacar las lecciones de decisiones mal planificadas y peor ejecutadas. Sufrimos las consecuencias de la irresponsable decisión de construir una obra hidroeléctrica de gran envergadura sin los necesarios estudios de impacto ambiental; me refiero a la planta de generación de electricidad Coca-Codo-Sinclair. Este proyecto se presentaba como una alternativa necesaria para reducir la dependencia del país de la costosa y contaminante generación térmica de electricidad. En segundo lugar, de lo anterior se desprende que es necesario asumir los temas ambientales con responsabilidad. Los derrames petroleros no son simples accidentes. Ni el Estado, con su empresa Petroecuador, ni la empresa OCP tomaron las medidas preventivas adecuadas en el año 2020 luego del colapso de la cascada. Aquí hay un comportamiento irresponsable de consecuencias nefastas para muchas comunidades indígenas que habitan con las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente diaria de agua y alimento.
